El Síndic de Greuges pide que empleados públicos y sindicatos se impliquen en agilizar los retrasos de la administración

Alicante

El derecho a una buena administración implica diligencia para resolver los problemas de los ciudadanos, y eso no se logra sin la necesaria implicación de los empleados públicos.

En la labor de éstos, ha insistido el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, que ha inaugurado en el MARQ, con la consellera y vicepresidenta segunda de la Generalitat, Susana Camarero, una jornada sobre "La defensa del derecho fundamental a una buena administración".

Ambos han coincidido en los retrasos injustificados de muchos expedientes y en que unos servicios públicos de calidad suponen "una respuesta eficaz a la ciudadanía en un tiempo razonable". Sobre todo con las personas más vulnerables. Y ponen como ejemplo los retrasos en las valoraciones de dependencia, de la Renta Valenciana de Inclusión o de ayudas para la vivienda.

Y eso no se puede lograr, decía Luna, teniendo en cuanto solo a los altos cargos; porque los funcionarios, los empleados públicos y, con ellos los sindicatos, deben implicarse, no solo desde los principios éticos y de conducta, sino involucrándose en una respuesta ágil. "Si no, luego nos quejaremos de las privatizaciones", ha dicho Luna.

De hecho, es el área de Camarero: Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, el que aglutina el 40% de las 4.000 quejas que llegan anualmente al Síndic, porcentaje que quiere reducir, dice, durante esta legislatura. Ella misma ha tildado de "barbaridad" el retraso para algunos trámites, como los dos años que llegan a tardar las evaluaciones para recibir ayudas a la dependencia. Por eso, dice, la Generalitat está ultimando el Plan Simplifica, que pretende agilizar los procedimientos.

Apunta el Síndic que la mitad de las quejas que recibe su institución es por deficiencias en la tramitación de los procedimientos, basadas en la falta de respuesta, los plazos excesivos, la reiteración de documentación al ciudadano o por decisiones que la administración no acaba de tomar y se quedan en el limbo. Lo peor, dice Luna, es que son actuaciones recurrentes, donde muchas veces se requiere un esfuerzo mínimo por parte del empleado público.

Ambos han incidido en un cambio de paradigma en las relaciones entre la ciudadanía y las administraciones públicas porque "El derecho a una buena administración implica tener una buena calidad institucional".