UGT y CCOO claman contra el "desmantelamiento" de los servicios sociales y el Consell califica la protesta de injustificada

València

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) del País Valencià se han manifestado en València para denunciar que el actual gobierno de la Generalitat "desmantela, abandona y maltrata", según califican, el sistema público de servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, afirman que aún no se han aplicado los acuerdos alcanzados con el anterior gobierno del Botànic, que, recuerdan, iban a permitir "igualar salarios y las jornadas laborales de los centros concertados y los de titularidad pública" y que esas medidas que afectarían a más de 13.000 trabajadores y a las personas usuarias.

En concreto, se quejan de que la Conselleria de Servicios Sociales, que dirige la vicepresidenta y consellera Susana Camarero, "ha desviado dinero de los presupuestos de la Generalitat de 2023 y que no ha planteado suficientes recursos económicos en los de 2024 para garantizar el cumplimiento de ese acuerdo al que se llegó con el Botànic", que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat en mayo del año pasado y, por tanto, está vigente.

Así lo manifiesta María Navarro, secretaria de Política Social de la Federación de Servicios Públicos de UGT. "Reclamamos justicia y que se cumpla aquello que se ha firmado. Este gobierno falta a su palabra y no quiere negociar", sentencia.

Lo mismo señala Juan Carlos Núñez, desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, quien asevera que "ese incumplimiento genera inestabilidad en las plantillas, que se reubican por los centros de trabajo para ofrecer la mejor atención posible".

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Susana Camarero niega la falta de diálogo

La vicepresidenta y consellera Susana Camarero niega la falta de diálogo con los sindicatos y asegura que está cumpliendo con todos los compromisos planteados por el actual Consell. Asimismo, afirma que han hecho frente a más de 60 millones de euros de los 100 millones de deuda "heredados", según dice, por el Botànic, y contraída con las entidades que gestionan los centros de acción concertada. Un endeudamiento que dificulta el pago de salarios o que se preste un buen servicio.

Asimismo, califica de indignante e injustificada la movilización y se pregunta "dónde estaban" los representantes de los trabajadores cuando se producían los impagos a las entidades del tercer sector que gestionan servicios sociales.

En este sentido, cabe señalar que estas entidades de acción concertada no pueden tener ánimo de lucro, es decir, no pueden obtener beneficios, pero la administración debe pagar los costes de esa atención a la población (entre ellos, los salarios de las personas trabajadoras), tal y como indica la Ley de Servicios Sociales.

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Los sindicatos reconocen que, efectivamente, se está haciendo frente a esa deuda, como dice Camarero, pero que eso no es excusa, ya que para corregir ese problema no debería retirarse lo previsto para efectuar los acuerdos. Además, explican que se reunieron el pasado 29 de diciembre con la Conselleria, pero que en dicho encuentro solamente les comunicaron qué iban a hacer y que no hubo negociaciones.