Alicante

Una ilicitana ha presentado este viernes la primera querella criminal por un crimen de lesa humanidad, en un supuesto caso de bebés robados, el de su hermana melliza, ocurrido en 1962, en el Hospital General de Alicante.

Lo ha hecho en el Decanato de los juzgados de Alicante para instar a acabar con "la impunidad", lamenta, y con el abandono por parte del Estado español, incluso ahora, en la investigación a fondo de estos casos.

María José Picó ha explicado en una rueda de prensa con todo detalle lo sucedido tras el parto. A la segunda noche, una monja le anunció a su madre que una de las niñas había fallecido "heladita de frío" en la sala nido e instó al padre a comprar rápidamente una caja no funeraria para enterrar a la pequeña en una fosa común del cementerio municipal de Alicante. Les devolvieron la caja claveteada y el sepulturero la enterró sin que vieran nunca su contenido.

Cuando en 2012, con las primeras denuncias de este tipo, empezaron a sospechar que podían ser víctimas de un caso de bebés robados, Fiscalía de Menores realizó dos exhumaciones sin éxito y acabó archivando el caso.

Es la misma suerte que corrieron los 516 casos de las más de 2.000 diligencias que, entre 2011 y 2019, llegaron a otros juzgados por sustracciones de bebés entre 1937 y 1993.

Hasta ahora había habido múltiples denuncias, pero nunca una querella de este calado, por crimen de lesa humanidad, para sortear la prescripción de estos casos acudiendo al derecho internacional, explica María José Picó. Al ser consideradas desapariciones forzosas, estos delitos no pueden prescribir.

Un cúmulo de irregularidades

Señala Picó que tras el alumbramiento todo había sido "un cúmulo de irregularidades y de situaciones poco transparentes".

El hospital carecía de la historia clínica porque les dijeron que se habían perdido en unas riadas, no había partida de nacimiento ni de defunción ni tampoco legajo de aborto porque, según fueron informados, todos las anteriores a 1978 habían quedado extraviados en una mudanza.

Y en el cementerio sí había una licencia de enterramiento pero en el apartado dirigido al nombre del médico que había certificado la defunción constaba, supuestamente por error, el del padre de las mellizas.

La denuncia se interpone, por tanto, contra el director del Hospital General entonces, así como contra la matrona y el médico que asistieron el parto, así como contra cualquier implicado que pudiera ser identificado en esta trama criminal que llevó a cabo un "ataque sistemático contra la población civil", sobre todo de las mujeres, dicen desde CEAQUA, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, y desde Amnistía Internacional, Roberto Tárrega, que habla de "las del bando caído".

CEAQUA vincula la querella de lesa humanidad, a los delitos de detención ilegal, sustracción de menor y falsedad de documento.

Sin tener pistas de dónde puede estar, María José ha explicado cómo ha continuado todos estos años buscando a su melliza. Ahora confía en que se estime la querella y que otras personas en su situación sigan sus pasos e interpongan otras.