Alicante

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reconocido a la empresa XC Business 90 la obtención, por silencio administrativo positivo, de la licencia ambiental que solicitó en febrero de 2013 para instalar un centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Puerto de Alicante.

La sentencia, notificada este miércoles a las partes, estima el recurso interpuesto por la mercantil y revoca una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, fechada en febrero de 2022.

El TSJCV señala en su resolución que el Ayuntamiento “lleva solicitando informes y subsanaciones” a los solicitantes desde el año 2013, pese a que el artículo 49 de la Ley 2/2006 o el artículo 54 de la Ley valenciana 2/2014 establece un procedimiento simple de subsanación "que no permite a la Administración seguir un procedimiento durante años solicitando sucesivamente documentación”.

En este sentido, los magistrados señalan que el proyecto de la empresa “cumple con la normativa vigente” y la licencia se ha adquirido por silencio administrativo positivo. A partir de los propios informes elaborados por los técnicos del Consistorio alicantino, la Sala concluye que no hay ningún obstáculo para la obtención de ese silencio administrativo positivo respecto a la licencia de actividad.

Tampoco aprecia el tribunal ningún obstáculo urbanístico, pues el propio Ayuntamiento, concretamente su Departamento de Inspección y Control Técnico, consideró apto el emplazamiento de la actividad en un informe de 2014. Además, en otro de 2015 resolvió que el proyecto se ajustaba a la normativa prevista para la zona.

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Por último, la sala no encuentra tampoco ningún problema desde el prisma del dominio público portuario, tal y como se desprende de un informe emitido por la Autoridad Portuaria en noviembre de 2018.

La sentencia, eso sí, no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ.

El Ayuntamiento estudia si recurre

El Ayuntamiento de Alicante, a través de su alcalde, Luis Barcala, ya se ha pronunciado sobre la sentencia. Lamenta la "mala noticia para Alicante" y recuerda que su equipo de gobierno siempre se ha mostrado en contra de la concesión de esa licencia.

Por eso, anuncia que estudiarán el fallo del TSJ y "las diferentes alternativas que se plantean en este momento, así como las actuaciones y decisiones a tomar". Y añade que, se decida lo que se decida, "lo vamos a hacer pensando siempre en lo mejor para Alicante y los alicantinos".

La oposición pide una junta de portavoces

Por su parte, desde el Grupo Socialista, su portavoz Ana Barceló, recuerda que ya trasladaron al alcalde que no debía de esperar a la sentencia para alcanzar un acuerdo con la empresa para desplazar los macrodepósitos a otra zona de la ciudad. Y responsabiliza también al president de la Generalitat, Carlos Mazón, por "ponerse de perfil" en este asunto.

"Hemos perdido una oportunidad para lograr acuerdos por la pasividad de Mazón, que dice defender a esta ciudad y que ha sido concejal del Ayuntamiento, y la pasividad del propio alcalde. Barcala fue beligerante contra el Gobierno de Ximo Puig, sin embargo, ahora guarda silencio ante la Generalitat Valenciana y ante la Autoridad Portuaria. Autoridad que debe responder ante quien le ha puesto en el cargo, que no es otro que Mazón", señala la socialista.

Mientras, el portavoz de Compromís pide que se convoque por urgencia, antes del Pleno de este jueves, una junta de portavoces para aprobar, nuevamente, la oposición del Ayuntamiento a los macrodepósitos.

"Instamos al alcalde a que se coordine con la Generalitat y Puertos del Estado y paralice esta actividad peligrosa e incompatible con la actividad del Puerto y la vida de los alicantinos. La solución es que el Ayuntamiento inste a la Generalirat a que se cumpla la distancia de seguridad de 1000 metros, todavía vigente en la Ley de Calidad Ambiental, que impulsó Compromís en el gobierno del Botànic", concluye.

Por último, Esquerra Unida - Podem, que insiste en la responsabilidad compartida del alcalde Barcala y del president Mazón "por no haber hecho nada cuando se tenía una posición de fuerza".

"Precisamente, para el pleno de este jueves presentamos un Declaración Institucional que pretendía que el ayuntamiento de Alicante instara a la Autoridad Portuaria, quien otorgó la concesión, a la revocación de la modificación de esa concesión para la construcción de los macrodepósitos. Los estudios de impacto ambiental y los análisis de riesgos deben llevarse a cabo con total meticulosidad. Hay que lograr ya un gran acuerdo y buscar la vía legal de parar esta propuesta aberrante", señala su portavoz Manolo Copé.