La Fiscalía pide 3 años de cárcel para exinspector de València, Ricardo Ferris, que asoció delincuencia con inmigración
"Todos los fenómenos delincuenciales están protagonizados prácticamente en su totalidad por extranjeros" dijo Ferris en un acto público, tras el que fue apartado
El hasta ahora inspector jefe de la Policía Nacional en el distrito centro, Ricardo Ferris, durante la charla en València organizada por Vox. / Vox CV
Valencia
La Fiscalía de Valencia pide tres años de prisión y multa para el ex inspector jefe de la Policía Nacional Ricardo Ferris, que fue destituido en octubre de 2022 como responsable de la comisaría Centro de València tras afirmar en un acto público convocado por Vox que la "práctica totalidad de detenidos" son extranjeros.
La fiscal delegada de delitos de odio Susana Gisbert remitió el pasado 22 de marzo sus conclusiones provisionales sobre el procedimiento que lleva el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia y la petición de juicio oral ante la Sala de la Audiencia provincial.
Una treintena de organizaciones solidarias y de acogida presentaron una denuncia contra el ex inspector jefe Ricardo Ferris por un supuesto delito de odio cometido al "equiparar inmigración con delincuencia y atribuir todos los delitos a las personas extranjeras".
Dos de esas organizaciones, València Acull y CIM Burkina, ejercen la acusación popular y en los próximos días presentarán sus escritos de acusación y solicitarán la apertura de juicio oral.
Según el escrito de la Fiscalía, facilitado por València Acull, el 14 de octubre de 2022 Ricardo Ferris se dirigió al público congregado en el salón Sorolla del Ateneo Mercantil, que había sido alquilado por Vox para una jornada sobre inmigración y seguridad ciudadana, "lanzando un discurso en el que se atribuía al colectivo inmigrante la práctica totalidad de la comisión de delitos, mensajes encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión hacia los mismos y en los que se hacen constar datos falsos para el citado propósito".
Toda la intervención y las entrevistas y publicaciones hechas con posterioridad "crean un ambiente de hostilidad, rechazo y animadversión hacia el colectivo, que además fueron reproducidas íntegramente en la red social Youtube, cuyo enlace se reprodujo, a su vez, en numerosas cuentas de redes sociales".
Entre las frases y expresiones pronunciadas por el excomisario, que pidió su pase a la segunda actividad tras su destitución como mando policial, se encuentra la siguiente: "Ya hace casi 5 años que no trabajamos con delincuentes nacionales (...) Cuando hago un detenido español siempre hago la misma broma: este, en vez de al juzgado, lo vamos a pasar al centro de especies reservadas de El Saler porque ya no existe".
"Todos los fenómenos delincuenciales están protagonizados prácticamente en su totalidad por extranjeros (...) Los delitos contra la propiedad, los robos con violencia, intimidación, mataleones, los que dan una paliza por la calle, siempre son los mismos, argelinos o marroquíes o sudamericanos; el tema de los hurtos, también argelinos, marroquíes, y también hay un montón de bandas en Valencia, del este, gitanas búlgaras, gitanas bosnias", afirmó.
Otra de las manifestaciones fue: "Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera y eso lo digo y lo afirmo porque es así. Y la violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual".
El escrito de la Fiscalía considera que el acusado realizó estas afirmaciones a sabiendas de que los datos a que aludía eran falsos ya que, según la información suministrada por el TSJCV, el número de infracciones penales cometidas en la Comunitat Valenciana durante el año 2022 por personas de nacionalidad española fue de 38.872, y las perpetradas por personas de otras nacionalidades, de 19.766.
Y en cuanto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, constan 86 cometidos por nacionales y 40 por personas extranjeras.
Considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, y por él pide una pena de 3 años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, y seis meses de responsabilidad civil subsidiaria y la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por 6 años, así como para empleo o cargo público.
También solicita el decomiso y cierre de la publicación (vídeo), de no haberse hecho previamente, y señala que procede abrir pieza separada de responsabilidad civil y se requiera del pago de fianza
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