Plataforma por un Puerto Sostenible cree que hay argumentos para "tumbar" la licencia de los macrodepósitos
No entienden el "modelo de puerto esquizofrénico" que se propone para la ciudad y aseguran que es cuestión de "voluntad política" de las administraciones implicadas
La portavoz de la Plataforma por un Puerto Sostenible, Sol Garcín, sobre la sentencia de los macrodepósitos del Puerto de Alicante, en Hoy por Hoy Alicante
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Alicante
Veinticuatro horas después de la sentencia del TSJ que valida a la mercantil que pretende instalar 18 depósitos de combustible en el Puerto de Alicante, los vecinos del entorno aseguran que hay argumentos de peso para poder "tumbar" esa licencia ambiental.
En Hoy por Hoy Alicante, Sol Garcín, presidenta de la Asociación de Vecinos Gran Vía Sur Puerto y portavoz de la Plataforma por un Puerto Sostenible, ha pedido al Ayuntamiento que recurra en casación la sentencia, y así la hora en el pleno que continúa esta tarde en el consistorio.
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En la Autoridad Portuaria ya han presentado por Registro la revocación o nulidad de la modificación de licencia.
Pero al margen de la licencia ambiental, la sentencia no reconoce licencia de obra mayor. No se tiene en cuenta la Ley de calidad ambiental de la Generalitat, que prohíbe la instalación de depósitos a menos de mil metros de viviendas. Tampoco existe un informe, explica Garcín, sobre lo relativo a aspectos de seguridad, como que el Puerto no disponga de un retén de bomberos para actuar ante un eventual accidente, y más teniendo en cuenta la proximidad de la planta de fertilizantes.
"Las cosas se hicieron mal en su momento y ahora es una cuestión de voluntad política" enmendarlas, afirma.
El mismo presidente del Puerto, Luis Rodríguez, y el alcalde Barcala se han pronunciado en contra del proyecto, insiste esta vecina, por eso no entienden el "modelo de puerto esquizofrénico" que se propone, que combina "el atraque de grandes cruceros, con Distrito Digital, 200.000 metros cuadrados destinados a hostelería y restauración, un Centro de Congresos futurista y ahora una planta petrolífera".
Recuerda Garcín que en este "problemón", dice, hay tres administraciones implicadas, la Generalitat, el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, que en última instancia tiene la responsabilidad política y administrativa, porque aprobó los 18 macrodepósitos atendiendo, además, "a una maniobra de manipulación por parte de la empresa", que fraccionó el proyecto para eludir una normativa más rígida.
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