La Comissió Ciutat Port celebra una sentencia que obligará a Puertos del Estado a pronunciarse sobre la ampliación

València

La Declaración de Impacto Ambiental vuelve a estar en el centro de la polémica sobre la ampliación del puerto de València. El motivo, ahora, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que la Autoridad Portuaria de Valencia no puede ser el órgano sustantivo, es decir, que no corresponde a la Autoridad Portuaria decidir si es o no es necesaria una nueva evaluación del impacto sobre el entorno, sino que es competencia de Puertos del Estado.

Una decisión judicial que celebran desde la Comissió Ciutat-Port, que asegura que hará valer esa sentencia en todos los procedimientos abiertos contra esa ampliación.

La plataforma ha dado una rueda de prensa este jueves para anunciar una manifestación que tendrá lugar el 31 de mayo, y ha lanzado una campaña. Será en vísperas de las elecciones europeas, precisamente, para pedir a los partidos políticos que se pronuncien y no se pongan de perfil ante una infraestructura que amenaza, aseguran, l'Albufera, y las playas.

Sobre la sentencia, creen que es una buena noticia porque apunta a que Puertos del Estado y los ministerios de Transición Ecológica tienen la responsabilidad de pronunciarse sobre esta obra. Si la apoyan, considera el portavoz de la plataforma, Antonio Montiel, tendrán que explicárselo a la ciudadanía.

Llevarán esta sentencia a los procedimientos abiertos contra la ampliación, dos en concreto: uno por falta de documentación y de una nueva DIA en el proyecto, y otro contra la licitación, también al entender que en el expediente de contratación falta esa evaluación del impacto ambiental.

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Dice Montiel que hay "puerto para rato" con la configuración actual, y que no es una opinión de la Comissió, sino también de los trabajadores portuarios, que creen que solo serían necesarias unas mínimas inversiones para maximizar el potencial del puerto, y no una obra que tiene un coste para las arcas públicas pero solo beneficia, dice, a empresas privadas. Y destaca sobre todo el daño ambiental a la zona próxima y a la ciudad de València.

Desde la Autoridad Portuaria de València aseguran que no les ha llegado ninguna resolución judicial que paralice los trámites en marcha de la ampliación.