UGT y CCOO critican que el Consell retrase los plazos para cumplir con las ratios de mejora en centros de servicios sociales

València

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras lamentan la decisión de la Generalitat Valenciana de modificar de manera parcial el decreto de tipologías de centros de servicios sociales. Un cambio que supone ampliar los plazos para que estos centros se adapten a las exigencias del decreto y puedan cumplir, por ejemplo, con las ratios de personal, según la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, quien ya anunció que habrá más reformas.

En este sentido, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat, la patronal AERTE, aplaudió en la Cadena SER los cambios aprobados por la Generalitat. Sin embargo, desde las organizaciones que representan a los trabajadores critican que el actual Gobierno valenciano haya querido paralizar esta norma que, recuerdan, aprobó el anterior gobierno del Botànic y que se consensuó en una mesa de diálogo con los agentes sociales.

Desde Comisiones Obreras, la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato, Ana Belén Montero, en declaraciones a la SER, recuerda a la Generalitat que se deben "garantizar las condiciones mínimas del personal para evitar la presión asistencial" y "dar un correcto servicio a las personas usuarias". El sindicato pide retomar el diálogo social con Servicios Sociales para que no peligre, dice, la buena atención en todos los centros.

Según Montero, "estos problemas se evidenciaron de forma clara durante la pandemia, sobre todo en las residencias". Asegura que los profesionales que allí trabajan se ven incluso "abocados a doblar turnos y hacer funciones que no les corresponden". La secretaria de Políticas Públicas de Comisiones afirma que no entienden modificaciones en la norma porque implica dejar de incrementar profesionales en estos centros.

Por su parte, en UGT también ven de forma negativa los cambios que ha hecho el Consell en ese decreto. La responsable de Política Social de UGT Serveis Públics, María Navarro, manifiesta en declaraciones a este medio que "el decreto que se ha modificado era ambicioso y muy necesario". "No comprendemos esta involución", afirma. Señala Navarro que era posible cumplir con todas las exigencias en los periodos establecidos, siempre que los centros tuvieran un presupuesto suficiente para ese fin.

Navarro añade que estas modificaciones impulsadas por la Generalitat "están beneficiando únicamente a la parte empresarial" y que no están teniendo en cuenta la calidad del servicio en los centros de servicios sociales. La portavoz de este sindicato cree que con la norma aprobada por el anterior Consell hubo diálogo social, se estudió el texto legal y se presentaron alegaciones por todas las partes. Retrasar los plazos para cumplir el decreto no hace más que poner la atención en peligro, según Navarro.