Investigada una mujer por dirigir una residencia de mayores clandestina en un chalet particular en la Vega Baja
En la residencia clandestina había nueve ancianos alemanes y tenía contratados irregularmente a varios trabajadores sin formación
Ancianos en una residencia ilegal de la Vega Baja / Guardia Civil
Alicante
La Guardia Civil ha investigado a una mujer como presunta responsable de una residencia de mayores ilegal que operaba desde un chalet particular en la comarca alicantina de la Vega Baja del Segura por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.
La mujer, una mujer de nacionalidad suiza de 70 años, ejercía como gerente de esta residencia clandestina con el cuidado de nueve ancianos de nacionalidad alemana y llegó incluso a contratar irregularmente a varios trabajadores sin formación para atender a los ancianos. Los agentes de la Guardia Civil la investigan
Además, ejercía un control total sobre las cuentas bancarias de los residentes más vulnerables, llegando incluso a estafar 9.500 euros a alguno de ellos y transfiriendo el dinero a su cuenta personal.
Registro de la vivienda
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí comenzó la operación 'Geranio 24' con el fin de investigar y aclarar la actividad irregular en este chalet particular.
Los guardias civiles han realizado un registro en la vivienda junto a inspectores de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana en el que han localizado nueve residentes ancianos alemanes y a varios trabajadores ejerciendo ilegalmente como cuidadores, según las mismas fuentes.
Los agentes han intervenido gran cantidad de documentación para su análisis y solicitado el bloqueo judicial de las cuentas bancarias.
La gerente de la residencia ilegal ha sido investigada por los delitos de intrusismo laboral, estafa, apropiación indebida y contra el derecho de los trabajadores.
El Juzgado de Instrucción nº1 de Orihuela es el encargado de instruir la investigación. La inspección de Servicios Sociales ha propuesto la apertura de un expediente sancionador, instando al cierre del negocio.
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