Las okupaciones ilegales de viviendas se duplican en Castellón desde que el Gobierno paralizó los desahucios en 2020

La provincia de Castellón registra casi el doble de casos de okupaciones ilegales de viviendas desde la entrada en vigor del Decreto Ley del Gobierno que está paralizando los desahucios desde 2020.

Desde 2015 a 2019 -es decir, en los 5 años previos a la entrada en vigor de este Decreto- en la provincia hubieron 380 okupaciones ilegales de viviendas, según datos del Ministerio de Interior.

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Sin embargo, estos mismos datos reflejan que desde 2020 hasta agosto de 2023 -en solo 3 años- hubieron 740 okupaciones. Son casi el doble de okupaciones, a falta de conocer el dato completo del año 2023 y de lo que llevamos de 2024.

Crece la inseguridad entre los propietarios

Las okupaciones están creando una gran inseguridad en municipios como Moncofa, la Vall d'Uixó o Castellón. Según ha podido saber esta emisora, estos son algunos de los municipios más afectados por esta cuestión.

Los afectados denuncian que la ley ampara al okupa y piden al Gobierno que tome medidas, ya que el Decreto Ley que propició que se dispararan los casos, se ha seguido prorrogando y, previsiblemente, estará en vigor hasta diciembre de 2024.

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Los vecinos que conviven con casos de okupación, o bien en sus propiedades o bien en propiedades cercanas, lamentan que, en muchos casos, tienen que soportar a diario gritos, peleas y fiestas.

Proposición de Ley contra la okupación, atascada en el Congreso

El Senado, con la mayoría absoluta del PP, presentó y aprobó remitir al Congreso de los Diputados una Proposición de Ley contra la okupación ilegal en la que se daba cabida a los desalojos express y a la imposibilidad de los okupas a empadronarse en los lugares okupados. El diputado del PP de Castellón en el Congreso de los Diputados, Óscar Clavell, ha lamentado que la Proposición de Ley siga estancada.

En la actualidad, esa Proposición de Ley ha sido derivada a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde se encuentra desde el pasado mes de febrero pero la ampliación hasta en 10 ocasiones del plazo de enmiendas ha impedido que la proposición se haya debatido y votado en la Cámara Baja. La diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Susana Ros, asegura que la okupación "no es un problema real".