Ley de Vivienda, "morir de éxito" y poco alquiler protegido: el "drama" del alquiler en la Comunitat Valenciana más allá del turismo

València

El viernes pasado la alcaldesa de València, María José Catalá, anunció una moratoria para las licencias de pisos turísticos durante un año y, el mismo día, la consellera de Turismo, Nuria Montes y el secretario autonómico Sebastián Fernández, decían que el impacto del alquiler turístico en los precios y en el acceso al alquiler en la Comunitat Valenciana era relativo.

Algo sobre lo que los agentes del sector discrepan: las inmobiliarias ven claramente que el mercado de alquiler vacacional perjudica al de vivienda habitual, los promotores esperan al reglamento del Consell sobre vivienda protegida y los expertos creen que la nueva Ley de Vivienda ha favorecido el hecho de haber sacado mucha oferta del mercado de alquiler residencial.

Desde la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, ASICVAL, no tienen dudas: la proliferación de los alquileres turísticos tiene un impacto directo, y muy negativo, sobre el acceso al alquiler para vivir en las ciudades. La presidenta de la asociación, Nora García, cree que las mayores facilidades para los propietarios de un piso turístico en comparación con las restricciones de la normativa de vivienda habitual hacen que muchos, directamente, se decidan por la opción fácil.

Por ejemplo, antes de la pandemia había registrados en portales de vivienda entre 3.000 y 3.500 viviendas destinadas al alquiler de larga estancia en València ciudad pero que, ahora, son solo 2.200. Además, apunta García que, de entre estas, muchas son solo para alquiler temporal, y denuncia que portales como Idealista no lo especifican.

Sobre si los planes de vivienda y las leyes estatales cumplen su objetivo, cree que para nada. Aunque cree que la retirada de viviendas de alquiler residencial del mercado se debe a un cúmulo de circunstancias, destaca la importancia de lo que considera una malísima ley de vivienda. A eso se suma, dice, el aumento de los alquileres turísticos, la caída de la construcción de obra nueva o la compraventa y alquiler por parte de extranjeros que vienen a vivir a la Comunitat Valenciana por el auge del teletrabajo.

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Sobre las iniciativas para la construcción de vivienda para destinar al alquiler social, como el plan Vive Comunitat Valenciana del Consell, dice que le consta que el gobierno valenciano está haciendo gestiones, pero cree que este tipo de medidas dan resultados a muy largo plazo, y que del anuncio hasta la entrega de llaves pasará mucho tiempo. Entre otras cosas, dice, por la falta de mano de obra, pero también por unas políticas de vivienda que cree que históricamente han sido "malísimas" y han sumido al sector en el "caos total".

Los expertos: "La construcción de vivienda social es prácticamente inexistente"

Desde el Observatorio de Vivienda de la Universitat Politècnica de València, Fernando Cos-Gayón recuerda que ya alertaron de que la Ley de Vivienda iba a expulsar del mercado del alquiler habitual a muchos propietarios porque cree que prácticamente protege a los okupas. Parte de estos propietarios, dice, han optado por el mercado de alquiler turístico, que crece en demanda.

Lo que se pide a una ley, dice Cos-Gayón, es que no rompa nada de lo que funciona bien. Cree que lo que debería tener una buena ley es atención a la eliminación de barreras al alquiler y, sobre todo, facilidades para la construcción de vivienda protegida. Solo en València, de construir en todos los solares públicos propiedad del Ayuntamiento se podrían hacer 2.500 viviendas y bajar el precio del alquiler en la ciudad en un 30%. El experto pone el ejemplo de ciudades como Viena donde no existen topes al alquiler porque la ciudad cuenta con tanta vivienda protegida que está casi marca el precio general del mercado.

Además, critica que no se ha hecho prácticamente nada en materia de construcción de vivienda social en la Comunitat Valenciana y lo considera un drama tanto para una generación de jóvenes a los que se ha negado su derecho a emanciparse como para las personas migrantes de menor poder adquisitivo. Los que sí se ven beneficiados por los elevados precios son los expatriados procedentes de grandes empresas que vienen a teletrabajar desde la Comunitat, que pueden pagar alquileres considerables, mientras que los menos pudientes se ven abocados a casi no poder pagar una habitación y, en casos extremos, a terminar viviendo en asentamientos informales.

Los promotores esperan el reglamento de vivienda protegida

Por su parte, el presidente de la Federación de Promotores, Antonio Olmedo, cree que el problema es que la demanda está totalmente insatisfecha precisamente porque no se ha construido nada o casi nada en las anteriores legislaturas. Dice, además, que construir es un proceso largo que cuesta y conlleva trámites y preparación.

Y para eso el sector está expectante, dice, por ver cuándo se aprueba el reglamento de viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana que Mazón anunció para abril pero que todavía no se ha materializado. Y destaca la importancia de esta norma.

Denuncia Olmedo la inseguridad jurídica que entiende que generaron las dos anteriores legislaturas cuando se aprobaron dos leyes de vivienda y diez decretos.

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