Protesta en Gormaget, en Alcoy, por los impagos de la Conselleria de Servicios Sociales

Alcoy

Aspromín (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Alcoy), que gestiona el centro de Gormaget, y otros centros de atención a la discapacidad de la provincia de Alicante denuncian impagos por parte de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Este miércoles, se han concentrado a las puerta del centro, situado en la calle Cotes Altes, para "visibilizar la difícil situación que están atravesando" por los retrasos en las cuotas.

En un comunicado de UPAPSA, la Unión Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual de Alicante al que se han unido, explican que "hasta finales de mayo no han empezado a cobrar las mensualidades de este 2024, estando hasta el momento sin cobrar el 100% de lo adeudado". Este es "un incumplimiento total de las condiciones de los conciertos y, lo más importante, pone en peligro la capacidad de los centros para ofrecer atención y apoyo continuo a quienes más lo necesitan". En el escrito insisten en que "esta situación, que no es puntual, compromete la provisión de servicios esenciales, incluyendo terapias, actividades recreativas y atención psicológica especializada”.

Esta falta de liquidez, añaden, “no solo afecta la calidad de vida de las personas usuarias sino, genera incertidumbre entre el personal dedicado y comprometido con su bienestar” ya que, indican, "es difícil trabajar cuando la entidad te adeuda más de 4 meses de nóminas, impidiendo que puedas hacer frente a tus propios gastos, hipotecas, comida, luz, etc."

Además, en el comunicado conjunto con los demás centros integrados en UPAPSA, señalan que "este hecho, que ya de por sí es muy grave, se une a centros que todavía siguen infra financiados con pérdidas anuales de más de 40 000 euros, revisiones comprometidas de incremento de módulos en los conciertos para que se contemple el aumento salarial pactado en 2023 y nuevas normativas que cargan considerablemente a los servicios de funciones ajenas a la atención directa y que supone una carga administrativa y económica más a las asociaciones, que no se refleja en la financiación de conciertos"

Por ello, en este 5 de junio han salido a protestar por estos retrasos y dar a conocer a la sociedad que esta situación "está abocando al deterioro del servicio".