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“He renunciado a mi casa por la seguridad de mi familia”: Un vecino del edificio de vivienda social okupado en Castellón abandona su vivienda por el miedo y la inseguridad

Los vecinos legales del edificio estudian denunciar al organismo de la Generalitat que gestiona las viviendas por su “inacción” frente a años de ocupación y conflictos

Una familia del edificio de vivienda asequible ocupado en la zona universitaria de Castellón se ve obligada a abandonar su domicilio por la creciente inseguridad y los múltiples conflictos. Como avanzó Radio Castellón, se trata de un edificio proyectado y gestionado por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, organismo dependiente de la Conselleria de Vivienda, que lleva años sufriendo la ocupación de un gran número de los domicilios y continuos daños por parte de los inquilinos ilegales, según denuncian los vecinos.

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Tras aumentar los problemas año tras año, instalar una cámara en su propia puerta, presentar denuncias o enviar cartas a la Generalitat manifestando esta situación, varias peleas especialmente violentas y un intento de allanamiento, Óscar ha decidido marcharse del edificio con su mujer y sus dos hijos.

Óscar es vecino del bloque okupado y ha decidido marcharse de su casa por las continúas peleas entre okupas y el contexto de abandono

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Óscar consiguió tras años de espera esta vivienda asequible con la que pudo formar una familia y donde, los primeros años, pudieron vivir con tranquilidad. Ahora, insiste, la situación es tan extrema que afirma que dos días después de abandonar el domicilio su puerta fue automáticamente blindada y sellada para impedir una posible ocupación. Denuncia que a pesar de la violencia de las peleas y las amenazas, producidas durante años, nunca han obtenido respuesta por parte de la Generalitat. Actualmente reside en casa de un familiar a la espera de acceder a una hipoteca.

Las okupaciones ilegales de viviendas se duplican en Castellón desde que el Gobierno paralizó los desahucios en 2020

Denuncia al organismo que gestiona las viviendas

Según confirman los vecinos legales que quedan en el edificio, unas 12 viviendas están ocupadas ilegalmente y otras 10, aproximadamente, blindadas con un sistema antiocupa y vacías. Por ello, tras registrar en los últimos años varias denuncias a los presuntos allanadores, estudian emprender medidas legales directamente contra la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, organismo dependiente de la Conselleria de Vivienda por su “abandono” e “inacción” al respecto, tal y como confirma la presidenta de la comunidad, Aroa Company.

La presidenta de la comunidad, Aroa Company, ha asegurado que los vecinos están preparando una denuncia contra el organismo gestor de las viviendas sociales

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Entre otros daños, denuncian la inoperatividad de todos los accesos al edificio, el destrozo de las cámaras y los ascensores o la inutilidad de prácticamente la totalidad de los extintores, a pesar de los “enganches” al sistema eléctrico e hídrico que aumentan el riesgo de incendios. También denuncian un “taller improvisado de coches” en el garaje, donde la mayoría de vecinos no aparcan dado el peligro de destrozo que corren los vehículos.

Construcción de más vivienda social

Cabe destacar que el organismo gestor es el mismo al que el Ayuntamiento de Castellón ha cedido recientemente 4.600 m2 de terrenos municipales para construir 120 viviendas de este tipo para jóvenes.

 
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