Aprobadas en Les Corts las leyes de Libertad Educativa, À Punt y la Agencia Antifraude

Valencia

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PP y Vox y con el rechazo de la oposición, las leyes sobre la elección de lengua en la enseñanza, sobre la radiotelevisión pública valenciana, y sobre la Agencia Antifraude.

Tres meses después de que los socios de gobierno presentaran un paquete de cinco proposiciones de ley, y tras una tramitación urgente, se han aprobado las tres primeras, que entrarán en vigor una vez se publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, mientras que las otras dos se aprobarán en el próximo pleno.

La aprobación de estas leyes ha sido recibida con los aplausos de los diputados del PP y Vox, incluidos los integrantes del Consell, entre ellos el president de la Generalitat, Carlos Mazón. En el caso de las dos primeras los diputados de estos grupos se han puesto además en pie.

La ley educativa

La ley "por la que se regula la libertad educativa" ha sido la primera en aprobarse. Deroga la ley de Plurilingüismo de 2018, que estableció un mínimo del 25 % de enseñanza en cada una de las dos lenguas cooficiales a todo el alumnado, para volver al modelo de las dos líneas (en castellano y en valenciano).

Establece el derecho de las familias a elegir la lengua en enseñanza de sus hijos (hasta ahora hacían los consejos escolares); permitirá al alumnado elegir en cuál de las dos lenguas cooficiales hacer los exámenes; y otorgará certificaciones automáticas de valenciano en función del nivel educativo cursado.

El PP y Vox consideran que con esta norma "se recupera la libertad frente a la imposición" del Consell del Botànic, pues serán los padres "y no el político de turno" quienes elijan la lengua en la que educar a sus hijos. Para el PSPV y Compromís, supone un ataque directo al valenciano y a la educación pública.

La ley de la radiotelevisión valenciana

A continuación, se ha aprobado la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que es la denominación del nuevo ente que se creará para sustituir a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

Esta ley, que deroga la de 2016 que permitió la puesta en marcha de À Punt tras el cierre de Canal 9, contempla la creación de un consejo de administración, con casi todos sus miembros elegidos por Les Corts, en sustitución del actual consejo rector, que en seis meses debe aprobar la nueva relación de puestos de trabajo de la cadena, donde se han suspendido las oposiciones hasta entonces.

Los socios de gobierno han defendido que era necesario extinguir un modelo de radiotelevisión valenciana que no ha funcionado, y Vox ha afirmado que desde ahora la cadena "se va a expresar en las dos lenguas". Para la oposición, el objetivo de estos cambios es el control político de la radiotelevisión pública.

La Agencia Antifraude

La tercera iniciativa convertida en ley es la que modifica la ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana de 2016 para cambiar la mayoría necesaria en la elección del director en caso de bloqueo y para equiparar ese cargo con el de un director general.

Es la única de las cinco leyes presentada solo con la firma del PP, que en el trámite parlamentario ha asumido la petición de Vox de eliminar una de las novedades de la norma: la que permitía que incluir dos puestos de trabajo eventuales en la Agencia, que seguirá por tanto solo con funcionarios de carrera.

El PP ha justificado los cambios en reforzar el funcionamiento de este organismo. Para la oposición, se pretende el "asalto" político a una Agencia actualmente pendiente de renovar a su primer director, tras haber expirado su mandato, "para colocar a quien ellos quieran".

El PP y Vox rechazan todas las enmiendas de la oposición a su ley "de concordia"

El PP y Vox han rechazado este jueves todas las enmiendas parciales presentadas por los grupos de la oposición a la proposición de ley "de concordia", que ha quedado lista para poder ser aprobada definitivamente en el próximo pleno de Les Corts Valencianes.

Entre las enmiendas presentadas por el PSPV, había una en la que se pedía que la ley incluyera una "condena expresa del golpe de estado perpetrado contra la legalidad democrática el 18 de julio de 1934 por el dictador Francisco Franco, y de la dictadura franquista", que el PP y Vox han rechazado. Esta enmienda había sido expuesta por el PSPV utilizando las palabras casi exactas que en su día había utilizado Carlos Mazón y aun así ha sido rechazada.

Esta norma derogará la ley valenciana de memoria democrática de 2017 y la sustituirá por una que abarcará desde 1931 hasta la actualidad, y que incluirá la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo etarra e islámico.

La comisión parlamentaria de Justicia ha debatido y votado las enmiendas presentadas por el PSPV y Compromís a esta proposición de ley, con las que pretendían derogar las modificaciones propuestas por los grupos que sustentan al Consell, y mantener la vigente ley de 2017, que se circunscribe a las víctimas de la Guerra civil y el franquismo.

Desde la oposición, han acusado al PP y a Vox de "blanquear el franquismo" con una norma que olvida y revictimiza a las víctimas de este régimen, pone en peligro las exhumaciones no iniciadas y deja fuera a las víctimas de bebés robados, entre otras cuestiones.

El PP y Vox, en cambio, han defendido que con esta ley se iguala a todas las víctimas y se recupera una concordia que los otros dos grupos "se han cargado" con sus normas y que "por fin deja de lado las historia de los dos bandos".

Además, incluye que los procedimientos iniciados por la ley de 2017 que no se hayan concluido decaerán de forma automática con la entrada en vigor de la nueva, menos los procesos de exhumación.

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