Juzgan a un mujer por estafar 130.000 euros a un octogenario al que cuidaba en Torrent
También se va a juzgar a un abogado que daba de alta de forma fraudulenta a trabajadores inmigrantes
Imagen de archivo de la fachada de la Audiencia Provincial de Valencia / Cadena SER
Valencia
Las diferentes secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia juzgan la próxima semana a una mujer acusada de estafar más de 130.000 euros a un octogenario al que cuidaba en Torrent y a un abogado que daba de alta de forma fraudulenta a trabajadores inmigrantes.
El primero de estos casos se verá el miércoles en la Sección Segunda, cuando el fiscal pedirá seis años de prisión para una mujer acusada de un delito de estafa continuado.
Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron desde 2017 y hasta el fallecimiento del hombre, en 2021, cuando la encausada se aprovechó del estado de deterioro cognitivo del anciano para que éste le entregara 130.000 euros con el pretexto de pagar los impuestos de una casa que decía tener en Ucrania y pagar medicamentos.
Supuestamente, llegó a intentar también que la víctima vendiera un chalé para darle el dinero, pero no lo consiguió ante las sospechas que ello generó a la agente inmobiliaria, quien alertó a los hijos del hombre.
También el miércoles en la Sección Tercera se ha previsto el juicio a un abogado acusado de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito continuado de estafa por, presuntamente, dar de alta de forma fraudulenta a trabajadores inmigrantes en dos empresas administradas por él en la ciudad de València cambio de contraprestaciones económicas.
Todo ello con el fin de que esos trabajadores pudieran cotizar el tiempo suficiente para percibir prestaciones por desempleo.
Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2010 y la Fiscalía solicita inicialmente para el acusado cinco años de prisión y una multa. Junto al abogado serán juzgados ocho de esos trabajadores, para los que el Ministerio Público pide provisionalmente penas que van desde el pago de multas a dos años y nueve meses de cárcel por delitos de falsedad en documento oficial.
Tres casos de violencia sexual y fraude
El lunes en la Sección Primera la Fiscalía pedirá una pena de cinco años y medio de prisión para un hombre por un delito continuado de abusos sexuales cometido, presuntamente, contra una menor de edad, hija de unos amigos.
El Ministerio Público sostiene que se aprovechó de la confianza que los progenitores de la niña tenían depositada en él para realizar tocamientos en diversas ocasiones a la pequeña, entonces de cuatro años de edad, en días indeterminados pero anteriores en todo caso al 6 de junio de 2021, en una zona próxima a la puerta de acceso a la maquinaria de los ascensores de uno de los edificios de una urbanización de playa.
El martes en la Sección Primera se juzgará a un individuo acusado de maltratar y violar de forma continuada a su compañera sentimental entre 2021 y 2022, mientras ambos convivían en un domicilio de la localidad de Puçol.
La Fiscalía pide provisionalmente para él penas que suman en su conjunto 19 años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, dos delitos de lesiones en el ámbito familiar, un delito de coacciones y un delito de malos tratos habituales.
También el martes en la Sección Segunda se ha programado el juicio a un hombre por agredir sexualmente a una chica de 21 años en el restaurante de la playa de la localidad de Daimús donde ambos trabajaban y que era propiedad de la madre de él.
La Fiscalía, que pide por estos hechos diez meses de cárcel y el pago de una multa, por un delito de agresión sexual y un delito leve de lesiones, sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado aprovechó que se había quedado a solas con la víctima en el establecimiento para entrar en diversas ocasiones a la cocina y realizarle tocamientos y agredirla sexualmente.
Por último, el martes en la Sección Cuarta se ha planificado el juicio a un empresario y a su mercantil, como persona jurídica, por defraudar presuntamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) más de un millón de euros en los impuestos de sociedades de 2015 y 2016 y el IVA de ese último ejercicio.
La empresa, con sede social en Paterna, se dedica al diseño, fabricación y comercialización de circuitos electrónicos, de fuentes de alimentación y de sistemas de señalización de emergencias con luz led.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que los inspectores de Hacienda detectaron ingresos de dinero no declarados por la mercantil, así como gastos que no estaban constatados, entre otras irregularidades.
La acusación pública reclama provisionalmente para el administrador de la sociedad penas que suman siete años de prisión y multas por importe de 2,3 millones de euros por tres delitos contra la Hacienda Pública.
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