Salvamento Marítimo Humanitario denuncia que el Consell reclama 63.000 euros al Aita Mari por tasas portuarias

València

Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), la ONG responsable del Aita Mari, ha acusado al Gobierno valenciano de "retorcer" la ley al haberles reclamado 63.000 euros de tarifas portuarias de la etapa en la que este tipo de buques estaban exentos de pagarlas, lo que "va a dificultar muchísimo las próximas misiones" del barco en el Mediterráneo central.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han señalado a EFE que la Generalitat mantiene una "estrecha relación" con los diferentes actores portuarios, entre ellos embarcaciones de ayuda humanitaria, y se limita a "cumplir la ley y la normativa en vigor".

"El Gobierno del Botánico decidió dejar de cobrar estas tasas a determinadas entidades, pero lo hizo sin ningún tipo de motivación y sin aprobar resolución alguna. Por tanto, era una decisión sin amparo legal en la que se limitaba a dejar caducar los diferentes expedientes", explican.

"Lo que se ha hecho ahora", añade la Conselleria, es "regularizar la situación que carecía de soporte administrativo y aplicar la misma normativa que lleva en vigor durante los diferentes años", e indica que en este caso particular "se pueden recurrir las tasas que se han cobrado y se analizará la situación caso a caso".

Salvamento Marítimo Humanitario afirma que era una "vieja reclamación de Vox"

SMH señala en un comunicado que "era una vieja reclamación de Vox expulsar a los barcos de ayuda humanitaria de los puertos valencianos" y que "una de sus primeras acciones" como parte del gobierno de coalición con el PP "ha sido modificar el reglamento suprimiendo la exención de tasas que existía hasta ahora".

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Denuncia que, "no contentos con eso, en la más pura tradición del fascismo de retorcer la ley para que parezca legal lo que no lo es", su pretensión es "aplicarla con efecto retroactivo", con una liquidación de tasas de los últimos cuatro años, hasta el 2021.

"De tal manera, que ahora, al liquidarlas retroactivamente de forma ilegal, debemos pagar para evitar recargos por impagos y el embargo de los avales que tienen frente a la hacienda pública nuestros agentes marítimos. El importe de dicha liquidación, hasta ahora y sin recargos, es de 63.300 euros solo para el barco Aita Mari", explica.

Esta ONG guipuzcoana destaca que, durante los últimos años, la flota civil de rescate ha encontrado en los puertos de la Generalitat Valenciana "un lugar amigo de refugio".

Afirma que en los puertos de Burriana y Vinaròs, las tripulaciones de los barcos de rescate y ayuda humanitaria tenían "un lugar para descansar y hacer las labores de mantenimiento para tener los barcos en condiciones óptimas para operar".

"Estos son los hechos concretos en los que se traduce la agenda racista y xenófoba de la extrema derecha. En ella, todo vale para conseguir sus fines, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, qué vidas se deben sacrificar, que ayuda humanitaria es válida y cuál se debe entorpecer y criminalizar", subraya la ONG, que tiene prevista su próxima operación con el Aita Mari en octubre.

La Generalitat asegura que hay una "voluntad de diálogo permanente"

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han señalado a EFE que siempre que alguna embarcación de este tipo ha solicitado amarre, "se ha priorizado esa petición de tal forma que siempre han podido guarecerse en los puertos de la Generalitat".

Según las fuentes, desde la Generalitat existe una "voluntad de diálogo permanente" con las embarcaciones humanitarias y siempre se les va a garantizar que puedan recalar en los diferentes puertos de la Comunitat Valenciana "sin ningún tipo de veto, pero sí cumpliendo la normativa en vigor".

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