El gobierno valenciano se opone al Clúster del Maestrazgo y las plataformas de afectados en Castellón planean recurrir al Tribunal Europeo

Castellón

El gobierno valenciano se opone al Clúster del Maestrazgo, un proyecto para construir una veintena de parques eólicos con 125 aerogenerados de 200 metros de altura en el límite entre Teruel y Castellón y que ha autorizado el Gobierno de España. Aseguran en la conselleria de Medio Ambiente que el ministerio de Transición Ecológica no ha consultado a los municipios afectados. Además el proyecto prevé afecciones a los valores paisajísticos y a hábitats comunitarios.

En Medio Ambiente recuerdan en la SER que abogan por un despliegue razonable de las renovables que se lleva a cabo y de la mano de los municipios tratando de minimizar el impacto en el entorno. Y como ocurre en otras situaciones, han recurrido de oficio las autorizaciones del Ministerio que contravienen los informes autonómicos de paisaje y de territorio. Las direcciones generales de Política Territorial y Paisaje y de Gestión del Medio Natural y Evaluación Ambiental ya han presentado sus recursos y esperan respuesta del Ministerio.

NO a la MAT de Castelló plantea recurrir a Bruselas

La última luz verde del Gobierno de España al megaproyecto energético del Clúster del Maestrazgo podría llevar a agotar las vías de recurso las plataformas vecinales hasta Bruselas. La plataforma No a la MAT de Castelló, asegura que tras la publicación del BOE del 26 de agosto que ratifica la autorización administrativa de construcción de utilidad pública del proyecto le quedan pocas alternativas para paralizar el clúster. Los detractores del proyecto en Castellón se aferran a la presunta vulneración de la normativa europea medioambiental como justificante para acudir al Tribunal Europeo.

Miguel Ángel Troncho, portavoz de la plataforma No a la MAT de Castelló, explica en declaraciones a Radio Castellón que "la intención de llegar hasta Bruselas es porque casi toda la línea de evacuación está vulnerando la normativa europea al estar dentro de la zona ZEPA, zona LIC y Natura 2000".

Ampliar el contencioso administrativo a la última resolución favorable del Ministerio

Al margen de esta medida, lo que también están baremando desde la plataforma es ampliar ese contencioso administrativo que ya se aplicó sobre la Declaración de Impacto Ambiental hasta la autorización administrativa de utilidad pública. En otras palabras, intentar tumbar la última resolución favorable emitida por el Ministerio de Transición Ecológica.

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La plataforma No a la MAT de Castelló reconoce que le quedan pocas alternativas administrativas para paralizar el clúster. La primera, como explican, es esperar a que el juez paralice el proyecto de forma cautelar hasta que haya sentencia firme sobre el mismo, dado que el estudio de Impacto Ambiental está siendo investigado por un posible caso de prevaricación y delito ambiental. Temen, sin embargo, que la empresa empiece las obras aunque no haya todavía resolución judicial. Por eso se plantean dar otro paso: recurrir a Bruselas por una supuesta vulneración de normativas europeas medioambientales.

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Última fase: permiso de obra de los Ayuntamientos

A pesar de que el proyecto haya llegado casi al final del proceso administrativo previo, todavía le queda una última fase: el permiso de obra de los Ayuntamientos. En este caso, los de Morella, Cinctorres y Portell. Legalmente, y a priori, no pueden contraponerse al mismo, pues incurrirían en delito, pero sí pueden atrasar todo un poco más alegando que el caso está judicializado y que los servicios municipales tienen que estudiar el proyecto. Desde la capital de Els Ports señalan que la línea de evacuación del proyecto supondría una afección directa al motor económico del municipio: la agricultura, ganadería y turismo.

El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, señala en declaraciones a esta emisora que "se vive de la agricultura, ganadería y turismo. Los tenemos que cuidar y le estamos haciendo una estocada enorme con este tipo de proyectos".

Producir donde más se consume

Donde pone el foco Sangüesa es en que muchos vecinos viven en masías y se verían afectados por la línea de alta tensión construidas a menos de 80 metros de las casas afectadas. El primer edil asegura que la normativa europea exige un metro de distancia por kilovatio de potencia. Sin embargo, la línea pretende transportar más de 400 kilovatios  y las torres están a unos 80 metros. Desde el Ayuntamiento defienden la promoción de este tipo de energías, pero exigen que sean generadas en los puntos donde se consuman.