Sociedad

Una ONG denuncia que el cobro de una tasa portuaria puede poner en peligro las misiones que hace de ayuda humanitaria en el Mediterráneo

La ONG Salvamento Marítimo Humanitario tiene como base en el puerto de Burriana y el Consell le exige 63.000 euros

Barco de salvamiento Aita Mari / Salvamento Marítimo Humanitario

Valencia

La Generalitat Valenciana reclama 63.000 euros al barco humanitario 'Aita Mari' por una tasa portuaria de cuyo pago, denuncian desde la ONG, está exento. La liquidación que el Consell exige a este buque, que la ONG Salvamento Marítimo Humanitario tiene como base en el puerto de Burriana (Castellón), corresponde a los últimos cuatro años, ya que se aplica con carácter retroactivo. El coordinador de la ONG, Íñigo Miganjos, advierte que el cobro de la tasa portuaria podría poner en riesgo las misiones de ayuda humanitaria que realizan en el Mediterráneo.

Sobre todo, explica Miganjos, porque la ONG dispone de pocos recursos económicos para llevar a cabo estos rescates. Pese a ello, ya han afrontado dos pagos, porque, según Miganjos, en el mes de junio y, sin previo aviso, el Consell decidió modificar la normativa de exención de tasas a proyectos humanitarios.

Una medida, recuerda Miganjos, que está recogida en la Ley de 2014 de Navegación Marítima, además de ser una práctica recomendada por Naciones Unidas, por lo que entiende que la exigencia del cobro del canon portuario por parte de la Generalitat es "ilegal".

Íñigo Miganjos (ONG Salvamento Marítimo Humanitario) advierte que el cobro de una tasa portuaria al barco humanitario 'Aita Mari' podría poner en peligro los rescates a personas migrantes en el mar Mediterráneo

El Consell insiste: "Solo hacemos cumplir la ley"

Este viernes, la ONG Salvamento Marítimo Humanitario se ha concentrado en València junto a otras entidades y sindicatos para denunciar su situación, aunque Miganjos avanza que el próximo lunes se reunirán con el Director General de Costas y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, para pedirle explicaciones sobre este cambio en el reglamento de Puertos.

Al respecto, la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, responde a las protestas de Salvamento Marítimo e insiste en que la normativa vigente no libera de dicha tasa a "los barcos que fondean en la Comunitat Valenciana durante semanas o meses".

Camarero reitera que el Consell tiene voluntad de establecer un diálogo permanente con las embarcaciones humanitarias y asegura que siempre se les garantizará el amarre en puertos valencianos, aunque, eso sí, "cumpliendo la ley".

Susana Camarero, consellera de Servicios Sociales, insiste en que el Consell se limita a "hacer cumplir la ley", aunque tiene voluntad de establecer un diálogo permanente con las embarcaciones humanitarias y garantizarles el amarre en puertos valenciano

VALÈNCIA, 06/09/2024.-Salvamento Marítimo Humanitario celebra una concentración ante el Palau de la Generalitat para protestar por la decisión del Gobierno valenciano de cobrar las tasas portuarias a proyectos humanitarios, lo que supondrá un coste de 63.000 euros de gastos extra para el buque Aita Mari y dificultará su próxima misión en octubre.- EFE/ Biel Alino

VALÈNCIA, 06/09/2024.-Salvamento Marítimo Humanitario celebra una concentración ante el Palau de la Generalitat para protestar por la decisión del Gobierno valenciano de cobrar las tasas portuarias a proyectos humanitarios, lo que supondrá un coste de 63.000 euros de gastos extra para el buque Aita Mari y dificultará su próxima misión en octubre.- EFE/ Biel Alino / Biel Alino

Respuesta de la ONG

Al respecto de esas declaraciones, la ONG ha asegurado que algunas afirmaciones no se ajustan a la verdad: "Por un lado, no hay bases legales para tal exención de tasas. Esto es falso. La ley 1/99 en el apartado de exenciones comunes lo establece claramente, como también se contempla en el reglamento de los puertos del Estado y en el de otras comunidades", aseguran en un comunicado.

Además, niegan que haya comunicación abierta con las ONG. "La única notificación que recibimos fue una comunicación tardía y poco clara, informándonos sobre la intención de la administración portuaria de liquidar las tasas de forma retroactiva. Este hecho va en contra de las los fundamentos de derecho y podría incluso considerarse un fraude de ley; si lo consentimos, ¿cuál será el siguiente paso para ejecutar las concesiones a la extrema derecha?".

Igualmente, quieren denunciar que, "abusando de la protección que le da su condición de presidenta de Les Corts, Llanos Massó nos acusa en su discurso racista y xenófobo de colaborar con las mafias de tráfico de personas. Nosotras salvamos vidas, mientras que algunos políticos y empresarios como su compañero de partido, Toni Gili, llevando el racismo a la práctica, explotan a trabajadores en situación irregular como ha desvelado la inspección de trabajo recientemente", denuncian y exigen a Llanos Massó que retire estas calumnias públicamente o, "de lo contrario, estudiaremos las acciones legales que nos amparen para defender la verdad", aseguran.

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