Asociaciones vecinales y ONGs medioambientales han denunciado supuestas "irregularidades" en la aprobación del PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca
La denuncia por el delito de prevaricación y malversación de caudales públicos se formula contra los representantes de la corporación municipal que aprobaron las citadas bases
Asociaciones vecinales y ONGs medioambientales han denunciado supuestas "irregularidades" en la aprobación del PAI Doña Blanca Golf de Torreblanca. Según han informado en un comunicado, el Juzgado número 2 de Castellón ha incoado diligencias para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y de los hechos sucedidos.
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Según estos colectivos, la denuncia por prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos fue presentada por la asociación Anem anant-Ciutadans per Capicorb, Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina-Ecologistas en Acción (APNAL) y GECEN.
Se formuló denuncia contra los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Torreblanca en los que se aprobó el 'Expediente 1179/2019 Propuesta de adjudicación de la condición de agente urbanizador a la agrupación de interés urbanístico Azahar Sea Torreblanca del PAI para el desarrollo de los sectores 4, 7, 8, 9 y 10, de suelo urbanizable'.
Informes
Las asociaciones denunciantes, "en línea con lo señalado por el informe de la secretaria municipal de fecha de mayo de 2023, el informe del interventor municipal de mayo de 2023 y el informe del secretario municipal de marzo de 2024, señalan las diferentes supuestas "irregularidades" del proyecto por "pretender aprobarse con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2003, caducada hace más de diez años, y la inclusión dentro del PAI de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en contra de toda posibilidad legal, en referencia a la zona cartografiada por la Conselleria como zona húmeda, saladar de Torrenostra Clot de Tomás, que abarca unas veinticuatro hectáreas dentro del propio PAI".
Además, las asociaciones denunciantes consideran que falta la certificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de suficiencia de recursos hídricos, y hay "inexistencia" de sistema de depuración de aguas residuales. Además, han apuntado que, en mayo de 2024, "no habiéndose realizado absolutamente ninguna obra del PAI, vencieron los cinco años de cadencia que el PATIVEL concedía a los ayuntamientos que tuvieran ya realizada reparcelación de una unidad de ejecución afectada por esta norma".
"El ayuntamiento, con informe del arquitecto municipal, pretende que la construcción en el municipio de una carretera en 2010 fuera del PAI permitiría absurdamente aplicar la excepción a este plazo de cinco años que determinaba el PATIVEL", han añadido.
Al margen -según han apuntado- quedan también las cuestiones referentes a la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, la normativa de equilibrio presupuestario del municipio, y la protección de bienes patrimoniales históricos.
Denuncia
La denuncia por el delito de prevaricación y malversación de caudales públicos se formula contra los representantes de la corporación municipal que aprobaron las citadas bases de programación y la adjudicación a agente urbanizador, y por el delito de falsedad en documento público, contra el arquitecto municipal, han aclarado las denunciantes.
Las asociaciones que han presentado la denuncia han señalado que, "como si la ley Cambó de 1918, que desecaba los humedales en España bajo un marco ideológico en el que se favorecía la transformación del medio natural en supuestos nuevos territorios productivos y organizados, estuviera vigente, se ignora el saladar de Torrenostra, el valor ecosistémico del litoral, la comunidad vegetal de altísimo valor que posee, su valor paisajístico y se procede a su destrucción en pro del marco ideológico de la especulación urbanística".
"No clasificar como Suelo No Urbanizable de Protección Especial (SNUPE) todos los humedales y saladares cartografiados y delimitados en la cartografía de la Conselleria de Medio Ambiente, y proceder a su destrucción supone, presuntamente, un acto delictivo que recorre el camino opuesto al marcado por la Ley de Restauración de la Naturaleza que impone, prioritariamente, proteger del urbanismo salvaje los espacios naturales con valores significativos de su destrucción, restaurarlos y ponerlos en valor", han concluido.
