Cinco años de la gran estafa a la EMT de València: más de cuatro millones de euros que aún no se han recuperado

València

Se cumplen cinco años de la mayor estafa sufrida por una empresa pública española mediante el método conocido como el fraude del CEO. En concreto, en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València. Costó a los valencianos más de cuatro millones de euros que todavía no se han recuperado. Todo empezó a principios del mes de septiembre. Unos delincuentes anónimos consiguieron suplantar la identidad del entonces presidente de la EMT, el concejal Giuseppe Grezzi, de Compromís, y de un abogado de Deloitte para engañar a la que era jefa de Administración de la compañía, Celia Zafra.

Consiguieron que les facilitara los datos para cursar hasta ocho transferencias bancarias a dos cuentas de Hong Kong con el pretexto de una falsa compraventa empresarial. Casi tres semanas después, un 24 de septiembre, cuando se iba a llevar a cabo la novena transferencia, saltaron las alarmas en Caixabank, el banco de donde salió el dinero. Fue entonces cuando la entidad dio la voz de alarma al entonces gerente de la EMT, Josep Enric García, que lo comunicó al grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. Tres días después Celia Zafra fue despedida fulminantemente de la empresa pública. Ninguno de sus superiores asumió las consecuencias, pero ella insiste en que no fue su culpa: nadie la formó para evitar fraudes. Pasó por los micrófonos de la SER a comienzos de este año, donde insistió en esa idea. Tan solo le ofertaron cursos de Excel, de Word, de valenciano y de inglés.

Hay dos causas abiertas y el dinero no aparece

Cinco años después siguen abiertas dos causas judiciales, una contable y otra penal, pero el dinero sigue en paradero desconocido. El Tribunal de Cuentas condenó a Zafra al considerarla responsable contable por una negligencia grave del robo de esos más de cuatro millones de euros y le obligó a abonar este importe, además de embargarle todos los bienes. El recurso de la exempleada fue desestimado con un voto particular de una magistrada que consideró que Zafra que fue engañada y que la actuación del banco no fue la correcta.

Sus letrados llevaron el asunto al Supremo, que hace un año admitió a trámite el recurso, aunque todavía no se ha pronunciado al respecto. En paralelo se encuentra la investigación en la vía penal, que trata de buscar a los estafadores y conseguir el dinero perdido, de la que se encarga el Juzgado de Instrucción número 18 de València. Aquí la cosa va todavía más lenta, principalmente por las trabas de otros países para contestar las comisiones rogatorias. De hecho, se acaba de ampliar seis meses más el plazo de instrucción. Zafra figura también como única investigada.

Queda ahora saber si el Ayuntamiento de València, que ahora lidera la alcaldesa María José Catalá, se decide a iniciar la vía civil contra Caixabank, como responsable civil subsidiario, por dar curso a las transferencias incumpliendo sus protocolos internos. Sería otra fórmula para recuperar el dinero, pero ni el anterior Gobierno municipal ni el actual han querido dar el paso. Este verano, la alcaldesa no lo descartaba, aunque apuntaba a que primero hay que esperar a que concluya la instrucción de la vía penal, donde el juzgado debe decidir si archiva la causa o sigue adelante.

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