El exconseller Serafín Castellano acepta 2 años y 7 meses de cárcel por el 'cártel del fuego'

Valencia

El exconsejero valenciano del PP Serafín Castellano ha aceptado este martes en el juicio una pena de dos años y siete meses de prisión al reconocer su participación en procesos irregulares de adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación aérea.

En el juicio conocido como el caso del "cártel del fuego" han llegado a acuerdos de conformidad con el fiscal doce de los dieciséis acusados, entre ellos Serafín Castellano, que fue conseller entre 1999 y 2014, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y dirigente del PP valenciano, y para quien el fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión.

Entre los acusados que han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción se encuentra también el empresario Vicente Huerta, que ha aceptado una pena de tres años y cinco meses de cárcel al reconocer los hechos a cambio de una rebaja de la que solicitaba el fiscal, que era de 25 años de prisión

El caso Avialsa

El juez que investigó el caso le procesó junto a otros acusados ante los indicios de la existencia de una presunta organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos de extinción de incendios en el sector de la navegación.

Aunque en la Comunidad Valenciana fue donde se detectaron más irregularidades, el caso también afectó a otras comunidades como Cataluña e incluso a otros países. Según los cálculos del juez, se pudieron concertar contratos por un total de 151.585.386,22 euros.

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La Fiscalía, que cree que Castellano era premiado "en forma de cacerías, monterías, hospedajes, viajes", dinero en metálico y hasta baúles con jamones, solicita 24 años de cárcel para el empresario al que presuntamente favoreció, Vicente Huerta, con quien mantenía una "intensa y corrupta relación".

Por estos hechos también estuvo investigado quien fuera director general de Interior en la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, Pedro Hidalgo, ya fallecido.

En su escrito de conclusiones provisionales, fechado en 2022 y que se dirige contra 17 acusados, la Fiscalía desgrana el modo de actuar de una "asociación de personas y empresas" dedicadas a la navegación aérea y especialmente a la extinción de incendios forestales entre 1999 y 2008.

Estas, "con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia", sostiene el fiscal.

Acusados integrados en dichas empresas -añade- "se concertaron con varios funcionarios y autoridades con la finalidad de defraudar a las administraciones públicas y lucrarse a costa de estas".

En el caso de Serafín Castellano, que ocupó las consellerías valencianas de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014, la Fiscalía cree que fijó junto al empresario Huerta "la forma de proceder para lucro" de este último y sus empresas "con ocasión de la contratación pública con la administración regional".

"Se entendían entre sí para que, en beneficio de Avialsa T35, se ampliasen a costa del erario público contratos mediante prórrogas indebidas" o se "adjudicasen y firmasen contratos, sin declararlos desiertos como procedía".

Además de ellos, por esta causa se sentarán en el banquillo empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios de las administraciones valenciana y catalana.

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