Barcala está dispuesto a negociar la tasa de basuras, pero no los criterios para su aplicación

Alicante

Hoy acaba el plazo para que los grupos de la oposición presenten sus enmiendas a la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa de recogida y tratamiento de residuos. Una tasa que el Ayuntamiento tiene previsto multiplicar en 2025 para cumplir con la exigencia europea de equiparar el importe de la recaudación al coste real del servicio.

Los grupos municipales destacan que el PP va a aplicar "un tasazo" que multiplicará hasta por cuatro el recibo de las basuras por, aseguran, no haber hecho el trabajo cuando tocaba". Raúl Ruiz, concejal del PSOE, Rafa Mas, portavoz de Compromís, y Manolo Copé, de EU-Podem, critican que el equipo de gobierno haya apostado por un criterio lineal según el valor catastral de cada inmueble y sus metros cuadrados, en lugar de optar por criterios que tengan en cuenta el número de habitantes de cada vivienda, para que pague más quien más contamine, o que se bonifiquen las zonas con menores rentas.

Lamentan también que esta subida se vaya a cargar sobre las familias en lugar de repartirse con las empresas. De hecho, desde la oposición aseguran que el 80 % del incremento lo soportarán las viviendas y solo un 20 % las mercantiles. Por eso, proponen que los apartamentos turísticos paguen el doble de tasa que las viviendas residenciales, pero también beneficiar a las familias más vulnerables o potenciar el uso de los ecoparques.

En este sentido, EU-Podem ha presentado una enmienda a la totalidad, mientras que Compromís pide la retirada de la modificación de la ordenanza porque, si no, advierte, la impugnarán.

Abierto a negociar

Responde el alcalde Barcala a estas propuestas. Lo ha hecho tras un acto en el Salón Azul para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Sabedor de que necesita el apoyo de alguno de los grupos progresistas tras el rechazo de Vox a este incremento de tasas, es partidario de negociar medidas como gravar a los apartamentos turísticos. Eso sí, cuestionado sobre un posible cambio de criterios de valoración, se muestra tajante. No se moverán porque el gobierno de España, asegura, les obliga a aplicarlos.