El Gobierno negocia con el Consell discrepancias en tres apartados de la ley educativa

València

El Gobierno del Estado discrepa de tres apartados de la ley de la Generalitat que regula la libertad educativa, por lo que se están llevando a cabo negociaciones en la comisión bilateral entre ambas administraciones que eviten un recurso de inconstitucionalidad.

En concreto, el Gobierno central discrepa del artículo14 de la ley aprobada el pasado 27 de junio por PP y Vox en Les Corts Valencianes, referido a la exención de la evaluación y calificación del valenciano para el alumnado de zonas de predominio lingüístico castellano que lo soliciten.

Tampoco comparte el contenido de la disposición adicional primera sobre la educación plurilingüe en las enseñanzas de Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, según el cual la Conselleria determinará los supuestos de exención de evaluación del valenciano a personas que no lo hayan cursado con anterioridad.

En tercer lugar, discrepa del contenido de la disposición adicional cuarta de esta ley, que regula situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado y permite que el funcionariado de otras comunidades que pida una comisión de servicios en la Comunitat Valenciana pueda obtenerla durante cuatro años sin acreditar conocimiento del valenciano.

Según la resolución del pasado 12 de agosto y que publican este miércoles, tanto el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana como el Boletín Oficial del Estado, la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-Generalitat ha acordado designar un grupo de trabajo que proponga una solución a estas discrepancias.

Los recursos de inconstitucionalidad se pueden presentar en el plazo de tres meses desde la publicación de una ley, plazo que se amplía a nueve meses en el caso del Gobierno o las comunidades autónomas si se reúne la comisión bilateral para intentar un acuerdo mediante la modificación de contenidos de la norma que evite la interposición del recurso.

Por su parte el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha asegurado este miércoles que las discrepancias del Gobierno central sobre la ley de la Generalitat que regula la libertad educativa son "pequeñas puntualizaciones" y "se resolverán sin problema" y no le preocupa el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por parte de Compromís y otros grupos parlamentarios.

Rovira, en declaraciones a los periodistas antes del acto de apertura del curso académico de la Universidad Católica de València, ha precisado que el Gobierno hace una "pequeña discrepancia" respecto al artículo 14 y dos disposiciones adicionales, en lo relativo a la exención del valenciano en las zonas castellanohablantes, recogido en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, del año 1983.

Esa ley, ha señalado, "fue fruto del consenso político en esta comunidad" y autoriza a que los alumnos que viven en zonas castellanohablantes tengan derecho a esa exención.

El conseller ha informado asimismo de que el Gobierno discrepa también en cuanto a que las personas que vengan de fuera tengan una exención de cuatro años para formarse en valenciano y "dice que lo hagamos solo en casos muy excepcionales", como conciliación familiar.

"Nosotros abríamos la mano a que personas docentes de otras comunidades puedan venir y darles un plazo para que se saquen su titulación de valenciano", para profesores de Primaria y de Secundaria, como se exige al resto, ha precisado. "Pero son pequeñas discrepancias", ha insistido.

Rovira ha defendido que la ley de libertad educativa "ha pasado todos los filtros jurídicos" del Consell Jurídic Consultiu y ha sido aprobada por Les Corts.

Sobre el recurso impulsado por Compromís en el Congreso contra esta ley ante el Tribunal Constitucional, al que se han adherido Sumar, Podemos, Bildu, BNG, Junts y ERC, el conseller ha manifestado que le "encanta" que "partidos catalanistas como Junts o Esquerra Republicana recurran la ley de libertad educativa en la Comunitat Valenciana" ya que "demuestra cuál es el objetivo". Ha asegurado asimismo estar "muy tranquilo" porque ha insistido en que las discrepancias del Ministerio de Política Territorial con esta ley son "pequeñas puntualizaciones" que se resolverán "sin ningún problema". "El Constitucional tomará las medidas que tenga que tomar y nosotros, lógicamente, cumpliremos", ha concluido

Recurso ante el Constitucional por parte de Compromís y otros grupos parlamentarios

Las declaraciones del conseller han coincidido con la presentación en Madrid, ante el Tribunal Constitucional de un recurso por parte de 50 diputados de Compromís, Sumar, Podemos , Bildu, ERC, Junts y BNG. Según un informe jurídico encargado por la coalición, afirma que incumple 28 artículos de leyes superiores, como la Constitución, la ley educativa estatal o el Estatut d'Autonomia.

Ampliar

Esta ley educativa deroga la ley de Plurilingüismo de 2018 para volver al modelo de las dos líneas (valenciano y castellano), permite la exención de la evaluación y calificación del valenciano en las zonas castellanohablantes y elimina el requisito lingüístico del profesorado en enseñanzas de formación profesional y régimen especial.

Àgueda Micó, diputada en el Congreso de Compromís, insiste en que no es una ley que dé libertad a los padres y perjudica al valenciano.

Carlos Mazón: Recurrir la ley educativa ante el TC es pasarse el Estatuto por el arco del triunfo

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado que hay "unos cuantos diputados" que se quieren pasar "por el arco del triunfo" el Estatut d'Autonomia y las competencias legislativas en Les Corts, en alusión a un posible recurso de anticonstitucionalidad de la ley de Libertad Educativa.

Mazón ha criticado "la velocidad con la que se apoyan las imposiciones separatistas en una comunidad española, y la rapidez con la que se actúa contra el autogobierno de los que -ha dicho- queremos la igualdad, la libertad y la ausencia de imposiciones".

El president ha hecho estas declaraciones tras un acto en la sede de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) respecto a la negociación de Compromís con los grupos del Congreso de los Diputados de un posible recurso al Tribunal Constitucional de la ley de Libertad educativa, a partir de un informe jurídico que concluye que esta norma aprobada en junio "tritura" la pedagogía y la legislación.

Este miércoles, a las puertas del Congreso, Compromís ha convocado a los medios para detallar ese recurso ante el TC por parte de 50 miembros de la Cámara Baja.

Para Mazón, esos 50 diputados van a tener que explicar si creen o no en el estado autonómico y si tratan de que siga en la Comunitat Valenciana "ese ''procés' ' de imposición catalanista que ha dominado estos últimos ocho años".

"Y ahora resulta que hay unos cuantos diputados que se quieren pasar por el arco del triunfo el Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana, el Estado de las autonomías, nuestras competencias legislativas en nuestras Corts Valencianes, porque lo que quieren es seguir apoyando este proceso de imposición y de inmersión al estilo catalán; es que resulta que nosotros somos otra comunidad autónoma", ha manifestado.

Así, ha defendido que la mayoría del pueblo valenciano ha decidido que quería "libertad educativa, promoción por igual de las dos lenguas, sin imposiciones, a favor de la 'nostra llengua', trasladando mayor esfera de libertad a las familias".

Respecto a las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en el Parlamento Europeo, reclamada este martes por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una carta a la presidenta Roberta Metsola para que permita su uso en la cámara, Mazón ha lamentado que "se olvide" de que la Comunitat Valenciana tiene "un estatuto tan válido como el de los demás", que reconoce la lengua valenciana.

"Si hablamos de lenguas cooficiales, hay que incluir a la valenciana porque, si no, es supremacismo", ha concluido

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