Los pueblos de interior advierten sobre la posible desaparición de los jueces de paz: "el mundo rural se esta muriendo, pero son fundamentales para dar soluciones de proximidad"

Castellón

La prevista supresión de los jueces de paz por la nueva Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia está despertando polémica en algunas entidades gubernamentales. Esta semana, la Diputación de Castellón aprobaba por unanimidad una moción en defensa de estos actores judiciales considerados como necesarios en la lucha contra la despoblación.

En la provincia son 129 jueces y juezas de paz repartidos entre los cinco directorios públicos y su origen data de finales del siglo XIX. Sus funciones principales han sido las tramitaciones burocráticas vinculadas al Registro Civil, como certificados de nacimientos, defunciones, fe de vida o matrimonios. Sin embargo, la oposición a suprimir esta figura se debe a la labor que desempeñan como mediadores de conflictos. Toni Nebot, juez de paz de Atzeneta del Maestrat desde 2005, explica que "sobre todo intervenimos en particiones de fincas. No son muchos casos al año, pero se dan y tenemos que intentar dar una solución".

Los alcaldes recalcan sus "soluciones de proximidad"

Alcaldes de pueblos del interior provincial como Les Useres o la misma capital del Alt Maestrat destacan la gran utilidad de los jueces de paz en estos entornos. El alcalde de Atzeneta del Maestrat, Santiago Agustina, lamenta que a pesar de que el mundo rural "esta muriéndose", estas figuras son fundamentales para poder dar "soluciones de proximidad" en caso de conflictos.

Según tiene prevista esta ley de la reforma judicial, los jueces de paz acabarían siendo sustituidos por Oficinas de Justicia. Unos organismo, a priori y según apuntan desde tribunales de justicia como el de Extremadura, más próximas al ciudadano de las pequeñas localidades y mejor dotadas.

Desconfianza con lo telemático

En todo caso, otros alcaldes como Jaime Martínez, de Les Useres, advierte del riesgo que se corre confiando todo a lo telemático. Más si cabe en unos entornos en que la población de más avanzada edad sigue dependiendo de la tramitación presencial. "No tienen dedicación única, ya que les pagan muy poco. Todos los días vienen al Ayuntamiento para tramitar cosas del juzgado y eliminar este proceso en los pueblos costará. Luego, sobre los temas de inscripciones y registros veremos cómo lo plantean", señala Martínez.

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Al margen de lo que pueda acabar pasando, se trata de un proceso de largo plazo, pues una vez que termine la tramitación parlamentaria de la ley y se apruebe, hay por delante un calendario de años y de implantación progresiva de la reforma que empezará "desde los partidos judiciales más pequeños" a los de mayor número de órganos.