La Diputació de València insta al Gobierno a que permita a cada municipio aplicar la tasa de basura como considere
La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, lamenta que el Gobierno de España “no se haya anticipado para recurrir una ley europea que va a afectar a ayuntamientos y ciudadanos, los que menos recursos tienen”
La Diputació de València instará al Gobierno de España a que permita a los municipios aplicar la nueva tasa de residuos como consideren oportuno, con el objetivo de “no incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía”. Es la principal propuesta de la moción presentada por el grupo Ens Uneix en el pleno de septiembre para minimizar los efectos de la aplicación de la tasa, que ha salido adelante junto a la moción de Vox que reclama el asesoramiento a los ayuntamientos para facilitar la aplicación del tributo.
Natàlia Enguix lamenta que el Gobierno “haya sido incapaz de recurrir una ley europea con la que no estamos de acuerdo”, y asegura que el municipalismo “está unido contra esta nueva tasa que pretende incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía, y que en muchos casos duplicará, triplicará y hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”. Enguix es consciente de que la tasa no puede ser progresiva y que lo único bonificable es el tratamiento de los residuos, por eso considera “injusto que no se permita a los municipios que disponen de recursos reducir ese impacto, como sucede hasta ahora”.
El texto aprobado cuestiona el tributo estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no apliquen esta tasa tendrán que hacerlo de forma obligatoria. “El problema del nuevo tributo es que afectará especialmente a los municipios pequeños y medianos, que son la mayoría y que pueden verse afectados por subidas desproporcionadas para sus vecinos”, añade Enguix.
La nueva tasa, que tiene su origen en una directiva marco europea y que persigue el pago por generación en un futuro, fue anunciada en mayo por el Ejecutivo central y deberá estar aplicada en todos los entes locales antes de abril de 2025. En este sentido, los consistorios más grandes trabajan en medidas que sirvan para amortiguar la aplicación de la tasa de residuos estatal y evitar así que se incremente la presión fiscal en sus municipios.
Asesorar a los municipios
La segunda de las propuestas aprobadas en el pleno de septiembre en relación con los residuos, presentada por el grupo Vox, se centra en pedir “asesoramiento a las poblaciones para que los ayuntamientos estén preparados en el momento en que entre en vigor la tasa, con criterios equitativos de aplicación que sirvan para evitar posibles sanciones de otras administraciones”. El portavoz del grupo, Sergio Pastor, cree que “las políticas del Gobierno han fallado y ahora es tarde para reclamar que retire la tasa”.
Desde la oposición, el diputado de Compromís Josep Antoni Riera asegura que la Generalitat y la Diputación “tienen mecanismos para ayudar a los municipios, en especial con la implantación de los planes locales de residuos”, y lamenta que “se omita el problema real de la gestión de residuos, con sus fracasos y sus retos”. Por su parte, el diputado socialista Jordi Mayor ha manifestado que la ley “persigue que un día haya cero residuos y contempla que los usuarios más vulnerables puedan tener bonificaciones”.
“¿Cómo se puede hacer progresiva una tasa que no se puede cuantificar?”, se ha preguntado Natàlia Enguix, quien ha insistido en que las bonificaciones “no son posibles en el servicio en general sino en el tratamiento”. En la misma línea se ha expresado Sergio Pastor, para quien alcanzar el objetivo de cero residuos “es algo utópico en la sociedad en que vivimos”. Finalizado el debate conjunto de las propuestas, ambas han sido aprobadas con los votos del Partido Popular, Ens Uneix y Vox.
