Vivienda ofrece acuerdo y recursos a las comunidades autónomas y el Consell le acusa de "querer engordar la caja de Cataluña"

Valencia

El Ministerio de Vivienda ha ofrecido acuerdo, colaboración y recursos a las comunidades autónomas y ha subrayado que, en virtud de lo que le faculta la Ley de Vivienda, aquellas que cumplen podrán verse beneficiadas de una serie de actuaciones extraordinarias, descartando que se puedan quitar fondos al resto.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de “gobernar para engordar la caja de Cataluña con los fondos de vivienda que pertenecen al resto de autonomías”, y ha lamentado que el Gobierno, “en lugar de hacer propuestas y buscar soluciones, se mueve a golpe de amenaza para intentar salvar un ejecutivo que hace aguas”.

Rebajar la tensión con las comunidades del PP

Fuentes del Ministerio han señalado, respecto a la citada oferta, que se trata de "premiar" a aquellas comunidades que están aplicando la Ley de Vivienda y que han reconocido que tienen un problema en esta materia, aplicando para ello otra serie de medidas extraordinarias de las que se van a poder beneficiar, lo que no implica que se quiten fondos al resto, como las gobernadas por el PP que descartan declarar zonas tensionadas.

Todo ello en un momento marcado por las recientes declaraciones realizadas por la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, en torno a un posible recorte de la financiación estatal a las comunidades autónomas "insumisas" con la Ley de Vivienda, refiriéndose expresamente a Madrid y al resto de comunidades gobernadas por el PP.

Este jueves, antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Vivienda, las comunidades autónomas del PP -entre ellas la valenciana-, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han reafirmado su decisión de no declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler y han señalado que no tolerarán la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno de retirarles fondos.

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Fuentes del Ministerio señalan que Galicia, que firma dicho manifiesto, estaría pensando declarar zonas tensionadas y que hay determinados aspectos de la Ley de Vivienda que las gobernadas por el PP no están cumpliendo.

"Lo que obliga la ley es claro y contundente. Si hay zonas de extraordinaria emergencia, tensionadas, y existir existen, tenemos que actuar y las administraciones hacer lo posible para revertirlo en el menor tiempo posible", ha subrayado la ministra.

Ha recordado que se van a poner todos los fondos que hagan falta y que la ley permite abaratar el precio del alquiler un 5 % y contempla bonificaciones a los caseros del 90 %. "La ciudadanía no entiende porqué hay comunidades que teniendo los instrumentos no los aplican", ha insistido.

De momento solo Cataluña aplica la limitación de los alquileres y desde la Generalitat ven una tendencia de caída en el precio de los alquileres de entre el 3 y el 5 %.

"Ofrezco acuerdo, colaboración y recursos y espero del PP, que es un partido de Estado que ahora está en la oposición, que haga lo que se espera, alcanzar un pacto entorno a la vivienda", ha agregado la ministra, que ha reconocido sentirse tranquila y con ánimo constructivo de cara a esta reunión y espera que los acuerdos salgan adelante.

Además, ha insistido en pedir un Pacto de Estado y una alianza de país que dé respuesta al problema de miles de españoles para acceder a una vivienda.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado hoy que el Gobierno va a solucionar el problema de la vivienda y que es una "pena" que se legisle para rebajar el precio de los alquileres, "inabordables" en Madrid, y que las comunidades del PP digan que no van a declarar zonas tensionadas. "Nos gustaría contar con el conjunto de comunidades y administraciones", ha agregado.

Ver lo que están ejecutando las comunidades

En el marco de la sectorial de Vivienda, el Ministerio va a ver el grado de ejecución que las comunidades están haciendo del plan de recuperación y de las actuaciones de rehabilitación. También la próxima convocatoria del Bono Alquiler Joven y el reparto de los fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

En este sentido se ha referido a los 5.500 millones que van destinados a rehabilitación de viviendas, de edificios públicos y al programa de las 20.000 viviendas asequibles, y ha apuntado que si hay comunidades que no cumplen con este grado de cumplimiento los fondos podrían reasignarse a aquellas que han sido más ágiles.

Plan Estatal de Vivienda y Bono Alquiler Joven

La sectorial también servirá para preparar el próximo Plan Estatal de Vivienda y para demandar a las comunidades un diagnóstico y un análisis de los programas que están funcionando y lo que no. De hecho no se descarta que cambie su duración habitual.

También se abordará la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, de 200 millones, aunque en este caso no se reasignarán los fondos si no se pueden dar todas las ayudas. De hecho, espera que antes de la próxima reunión se pueda mejorar la gestión y que todos puedan cobrar en tiempo y forma y reclama a las CCAA una aportación complementaria.

Las críticas desde el Consell

Camarero ha explicado que la aplicación de la Ley de Vivienda es potestativa y, de hecho, “ninguna comunidad la aplica, excepto Cataluña, por lo que no es una cuestión de partido sino de políticas efectivas”.

"Las comunidades estamos implementando medidas que realmente funcionan en el marco de nuestras competencias, para crear más vivienda y reducir el precio, en nuestro caso, a través del Plan Vive, que contempla poner en el mercado 10.000 viviendas en cuatro años, y no podemos permitir la intromisión del ejecutivo y mucho menos el chantaje con una cuestión que es la tercera preocupación de los ciudadanos, y la primera de los jóvenes”, ha añadido en un comunicado de la Generalitat.

Y se ha preguntado: “Si el Gobierno nos quita el dinero a las comunidades que hacemos las cosas bien, ¿para qué sirve el Ministerio si se ha autovaciado de funciones?”.

A su juicio, “el cupo catalán nos puede costar en materia de vivienda 165 millones, que no es un número, sino 16.764 familias a las que el Gobierno deja sin ayudas: 10.500 personas que han recibido ayudas al alquiler, 5.700 jóvenes que disfrutan del Bono Joven, 410 jóvenes que han obtenido ayudas a la compra de vivienda o 154 personas en situación de vulnerabilidad”.

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