El juzgado de lo social archiva el expediente por acoso laboral contra el alcalde de El Campello por "falta de jurisdicción"
La demandante ya ha recurrido el auto que insta a que se actúe por la vía contencioso-administrativa o penal
Ayuntamiento de El Campello / Radio Alicante
Alicante
El juzgado de los social número 5 de Alicante, en un auto dictado en septiembre, declara falta de jurisdicción y archiva el expediente abierto contra el alcalde de El Campello por acoso laboral. La denunciante, una técnico municipal, ya ha recurrido la decisión.
El detonante de este supuesto mobbing fue que esta técnico y funcionaria de carrera se negó a firmar contratos menores, como establecía una instrucción de 2018 aprobada por decreto del alcalde, por el riesgo de incurrir en una posible ilegalidad.
Ante su postura "el alcalde tomó medidas" contra esta funcionaria, según la demanda que ya les contó Radio Alicante , "creando un entorno "hostil y humillante". También argumentaba que se había incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales.
Ahora, el juzgado de lo social mantiene que el asunto es "un supuesto acoso puro y estricto de funcionario de carrera por entidad administrativa ", lo archiva y le dice que puede presentar demanda ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminstrativo o Penal.
El letrado encargado de la acusación ha explicado que plantean el recurso por no estar de acuerdo. Van a agotar todas las vías por el cauce de lo social e indica que de no aceptarse acudirán al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La demanda
En la demanda, recordamos, esta funcionaria argumentaba que tras advertir de que no firmaría "si no se le aclaraban las dudas," cosa que finalmente ocurrió, el alcalde tomó medidas contra ella tales como: "ubicarla en un edificio distinto al resto de los técnicos con los que debía colaborar"; recibía ordenes de "imposible cumplimiento" con los medios asignados y soportaba una "presión ejercida por el alcalde de modo consciente", según la demanda.
También argumentaba que la presión se ejercía a través de "trabas injustificadas en la tramitación de sus asuntos, obligándole y amenazándole, en reuniones privadas y públicamente en los plenos, a firmar facturas de servicios contratados sin seguir la Ley de Contratos". Se produjo una "situación de acoso y hostilidad que afecta gravemente a la salud" de la mujer con "evidente riesgo psicosocial".
