La Conferencia de Rectores afirma que debe ser el Gobierno y no las universidades quienes paguen la Seguridad Social de 800 alumnos que fueron becados
Los alumnos, becados por dos programas de investigación posdoctoral, habían denunciado a sus centros por pagar esas cuotas con dinero destinado a sus sueldos y el Supremo ahora les ha dado la razón
La conferencia de rectores afirma que debe ser el Gobierno y no las universidades quienes paguen la Seguridad Social de 800 alumnos que fueron becados / Kiko Huesca (EFE)
València
Las universidades públicas españolas piden al Ministerio de Ciencia que les ayude a devolver las ayudas que el Supremo ha obligado a abonar a los investigadores que recibieron las becas María Zambrano y Margarita Salas.
La justicia ha fallado que las universidades se quedaron con una parte de esas ayudas, unos mil euros mensuales por trabajador, que en realidad les correspondía a los investigadores.
Se calcula que unos 700 investigadores volvieron a España gracias a este programa para atraer talento del ministerio de Universidades pagado con fondos europeos. Y lo que ocurrió fue que la mayoría de las universidades decidieron descontarles las cuotas patronales de lo que iba a ser su sueldo neto, lo que redujo el salario de estas personas de forma considerable.
Se fijaban 4.000 euros brutos mensuales por investigador y se dio libertad para que cada centro estableciera la relación laboral con los investigadores. De media, recibieron al mes unos 2.200 euros netos, un 32% menos de lo que deberían. Ahora las universidades deben devolver esas cantidades.
Eva Alcón, rectora de la universidad Jaume Primer de Castellón y presidenta de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que el Ministerio debe ayudar a pagarlo porque fue él el que les indujo al error.
Eva Alcón, rectora de la universidad Jaume Primer de Castellón y presidenta de la CRUE, cree que el Ministerio debe ayudar a pagarlo porque fue él el que les indujo al error
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Los rectores de las universidades públicas españolas recuerdan la delicada situación económica que atraviesan estas instituciones las que no se les revisa la financiación que reciben de las administraciones autonómicas desde hace año. Una delicada situación que les hace casi inviable asumir el pago de las cantidades que ahora se les reclama por orden judicial.
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