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Un año de cárcel por pornografía infantil tras incautarle 17.000 archivos pedófilos en Alicante

El material se encontró en el registro de la vivienda del encausado, en el municipio de San Vicente del Raspeig

Radio Bierzo

Alicante

Un hombre de 60 años ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a un año de prisión por un delito de corrupción de menores relacionado con la distribución de pornografía infantil, después de que se le interviniese material informático en el que almacenaba hasta 17.000 archivos de contenido pedófilo y de que compartiese al menos 21 de ellos.

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La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Décima, establece que el material pornográfico (imágenes y vídeos) fue localizado tras el análisis de los cuatro discos duros y 2 DVD que se hallaron en el registro de la vivienda del encausado, en el municipio alicantino de San Vicente del Raspeig.

Tanto en el registro domiciliario como en el estudio de esos sistemas de almacenaje se pudo constatar que el equipo informático del acusado tenía instalado el programa E-mule que permite compartir y distribuir archivos y que, entre los acumulados por él, figuraban imágenes en las que aparecían menores de edad desnudos total o parcialmente o manteniendo relaciones sexuales con adultos y otros menores. En algunos de ellos, incluso se mostraba a menores con animales, como un perro de grandes dimensiones.

Al menos, 34 de esos archivos estaban almacenados en una carpeta con elementos susceptibles de compartir con terceros y se comprobó que 21 de ellos habían sido efectivamente distribuidos a través de sistemas de intercambio del tipo P2P, según la resolución judicial.

El procesado reconoció la descarga de los archivos durante su declaración en el juicio, celebrado el pasado 11 de julio. Entonces mantuvo que solo los almacenaba para su visionado, por lo que negó haberlos compartido de forma voluntaria e, incluso, afirmó desconocer que se hubiesen distribuido al descartar que tuviese conocimientos informáticos.

Atenuante de trastorno mental

No obstante, el tribunal no da credibilidad a su testimonio y le considera autor del delito de corrupción de menores, sobre el que aplica la atenuante de trastorno mental, en la medida en que sí cree demostrado que presenta un cuadro de ansiedad y depresión “a causa de un trastorno de inadaptación social que limita levemente sus capacidades volitivas”.

Así se apuntaba en el informe elaborado por la psicóloga que asiste al encausado en la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva de San Vicente del Raspeig, en el que se indicaba que padece un trastorno mental derivado de su situación familiar, por la que queda al cuidado de una madre octogenaria, ser hijo único y no tener amigos ni vida social.

Al margen de la condena a un año de cárcel, el fallo establece el cumplimiento de otros tres años de libertad vigilada. La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.

 
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