Ofensiva del PSPV en la Diputación de Valencia: piden el cambio del gerente del Consorcio, condenado por estafa
Díaz Garrigues fue condenado por la Audiencia provincial por la fraudulenta gestión de unas ayudas
Carlos Fernández Bielsa en los estudios de Radio Valencia Cadena Ser / Cadena SER
Valencia
El PSPV-PSOE en la Diputación de Valencia ha lanzado una ofensiva para esclarecer por qué se ha escogido a un condenado por estafa y falsedad en documento mercantil como nuevo gerente del Consorcio Provincial de Bomberos. Los socialistas han pedido acceder a todo el expediente y a la composición del órgano del Consorcio que lo designó.
Los socialistas quieren saber quiénes formaban parte del tribunal que escogió a Marcial Díaz Garrigues como nuevo gerente del Consorcio y si conocían que habíua sido condenado antes de seleccionarlo. También quieren tener acceso a la documentación que se presentó durante un proceso en el que habían hasta tres candidados. El portavoz del PSPV en la Diputación Carlos Fernández Belsa cree que el perfil de Díaz Garrigues no es el idóneo y se pregunta las razones en la dilatación de su selección.
La sentencia
Recordemos que Díaz Garrigues ha sido condenado por la Audiencia provincial junto a otras tres personas (entre ellos los exalcaldes del PP de Yátova y Siete Aguas) por la gestión de unas ayudas públicas, en concreto del programa "RURALTER LEADER". Lo fueron por delito continuado de falsedad en documento mercantil y por delito continuado de estafa.
Entre otras cosas la sentencia, a la que ha tenido acceso la SER, determina que se produjeron irregularidades en el procedimiento de selección y contratación de la Fundación Desarroya, de la que es patrono Diaz Garrigues, y que fue destinataria de las ayudas públicas. Según relata la sentencia Díaz Garrigues cometió esos delitos mientras trabajó como técnico en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad Hoya de Buñol-Chiva. La sentencia es de febrero de 2024 sobre esos hechos que se conocieron hace más de diez años.
Fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión, pero las partes llegaron a un acuerdo antes del juicio para conmutar la pena por multas e indemnizaciones que ya habrían satisfecho durante los más de diez años en el que se ha dilatado el proceso judicial.
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