Anticorrupción ve indicios de amaño de contratos públicos para sufragar campañas del PSPV
Se investigan pagos efectuados por empresas en las elecciones municipales de 2007 y generales de 2008
Imagen de archivo de una de las sesiones de la comisión de investigación sobre la financiación del PSPV y del Bloc / Corts Valencianes
valencia
La Fiscalía Anticorrupción considera que hay indicios de que los pagos efectuados por dos empresas del Grupo Gimeno, que habrían abonado gastos electorales para el PSPV-PSOE en las elecciones municipales de 2007 y generales de 2008, "obedecerían al amaño de contratación pública". Así lo recoge el escrito del fiscal Pablo Ponce en contra del sobreseimiento de la investigación sobre el empresario Gimeno, investigado en el caso Azud -donde un juzgado de València investiga una presunta trama de sobornos y comisiones ilícitas en la Comunitat Valenciana-, que ha adelantado este jueves El Mundo y ha confirmado EFE.
El fiscal expone en su escrito que, de la investigación e instrucción judicial, se desprende que dos de las sociedades de Gimeno, Soluciones Industriales Tratamientos Ambientales SL (SITRA) y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA), habrían abonado gastos electorales para el PSOE en las elecciones municipales de 2007 y las generales de 2008. Indica que, al objeto de "camuflar" dichos pagos, se habría utilizado la empresa Cronosport SL para realizar una "facturación mendaz con dichas sociedades, desvinculando a las empresas pagadoras de la asunción de gasto electoral del PSOE".
El Ministerio Público expone que, como se acredita en la instrucción, SITRA habría abonado en 2007 a Cronosport 108.344 euros en pago de cuatro facturas "por servicios inexistentes", cantidad que se empleó para "sufragar gastos electorales del PSOE al margen de la normativa legal y del Tribunal de Cuentas". Esa "mecánica fraudulenta", añade, se realizó también en las elecciones generales del año 2008, en esta ocasión utilizando a otra empresa del investigado, FACSA, que abonó a Cronosport una factura "por servicios inexistentes" por un importe de 70.817,40 euros, que fueron "destinados a sufragar gasto electoral del PSOE en las elecciones generales del 2008, como de manera exhaustiva señala el informe policial".
El Ministerio Público señala que ninguna de ambas sociedades es clienta de Cronosport, ni se acredita servicio alguno que justifique el pago de dichas cantidades, mientras que Gimeno parece vinculado con José María Cataluña, responsable de finanzas del PSPV-PSOE hasta 2004 y regidor del Ayuntamiento de Gilet en la época de los hechos investigados. Según el escrito del fiscal, Gimeno mantuvo "contacto interesado" con Cataluña "de manera frecuente, teniendo su contacto personal y en fechas recientes para temas fiscales", mientras que un informe policial relaciona a Cataluña con Cronosport por encargos de campaña electoral, cuyos gastos habrían asumido las empresas vinculadas al empresario. "Como señala el informe policial, la actuación no es aislada de dicho grupo empresarial, sino conjunta con otras sociedades que habrían empleado la misma operativa indiciariamente en beneficio del PSOE", afirma el fiscal, que añade que el informe vincula parte de los pagos a adjudicaciones de obra pública, en concreto a la mercantil Facsa con la desaladora de Moncofa (Castellón).
El Ministerio Público afirma que la instrucción no ha concluido, por lo que debe ceñirse a lo que se acredita respecto a los "pagos fraudulentos" realizados, "no así respecto a la vinculación de estos con obras públicas adjudicadas", que en la actualidad se continúa con la investigación. "Indiciariamente, como se ha expuesto, los pagos efectuados por las empresas pertenecientes al Grupo Gimeno obedecerían al amaño de contratación pública, como refleja el informe policial en atención al tiempo y forma en que se efectúa el pago, siendo indiferente para el delito de cohecho que sea en beneficio de un funcionario o de un tercero", expone.
Afirma que la investigación centrada en los hechos relacionados con el delito de prevaricación no ha sido examinada, existiendo los indicios que "necesariamente indican una adjudicación predeterminada", por lo que la aparición de hechos nuevos en la instrucción daría lugar a la reapertura de las diligencias. Igual ocurre respecto a la investigación relacionada con el resto de las empresas pagadoras y personas físicas investigadas, supuesto en el que tampoco estaría prescrito el delito continuado de cohecho, finaliza el fiscal.
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