Los trabajadores de la limpieza de Alicante no descartan ir a la huelga tras la oferta de incremento salarial de la UTE

Alicante

Los trabajadores de la contrata de Limpieza del Ayuntamiento de Alicante no descartan ir a la huelga. Y es que llevan 15 meses negociando un convenio colectivo que, aseguran los trabajadores, se encuentra en punto muerto.

Este viernes se celebró asamblea general a la que asistieron más de 250 trabajadores y en la que se explicó la propuesta de la UTE Netial, formada por FCC y PreZero, de incremento salarial que pasa por aplicar una subida del 1% del año 2024, un 1,5% en 2025 y en 2026 y 2027, el incremento del IPC de funcionarios, con un descuento de 0,5 puntos porcentuales.

Para los trabajadores y trabajadoras es insuficiente y califican su situación de "insostenible", con apenas una subida salarial de 2 puntos en cuatro años con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo en todo este tiempo.

Pedro Martínez es uno de los trabajadores más veteranos del servicio de limpieza y apunta que nadie quiere dañar a la empresa, "pero tenemos que defender nuestros derechos".

Referéndum

La próxima semana (lunes y martes) llevarán a referéndum de toda la plantilla, de 600 trabajadores, la oferta de la empresa para determinar si se acepta o se rechaza. En caso de ser aceptada, se tendrán que incluir en el texto del convenio todos los acuerdos puntuales ya alcanzados con la empresa en materia de jubilaciones, promociones, especialidades, etc.

En caso de que se rechace, se abrirá un conflicto colectivo y se estudiarán posibles medidas sin descartar la huelga.

Compromís pide la convocatoria de la auditoría

Desde Compromís ya han solicitado de nuevo al Ayuntamiento de Alicante la convocatoria urgente de la auditoría de la limpieza aprobada en pleno el pasado otoño para analizar y fiscalizar dónde está el dinero de la contrata "que estamos pagando, si hay menos trabajadores y no se les está pagando, dice, como corresponde".

Su portavoz, Rada Mas, señala que "estamos hartos de que esta ciudad esté gobernada por las contratas que se están forrando con el dinero de los alicantinos y empobreciendo los servicios públicos con migajas". Y concluye: "La administración pública tiene que garantizar que las contratas paguen a sus trabajadores de forma responsable y no vulnere sus derechos".