EU - Podem denuncia que el PP propone eliminar la plaza de jefe de servicio de Participación y Partidas Rurales

Alicante

Esquerra Unida Podem alerta de que el equipo de gobierno de Barcala quiere suprimir el puesto de jefe de servicio de Participación Ciudadana y Partidas Rurales. Así se ha propuesto en la reunión de la Mesa Negociadora del Ayuntamiento de Alicante de este miércoles en la que, entre las amortizaciones de puestos de trabajo que propone la Junta de Gobierno Local, "destaca esta por su gravedad", según el portavoz de la coalición de izquierdas, Manolo Copé. Por ello, considera esta medida "inaceptable" y exige una "rectificación inmediata".

"Esta decisión no solo deja en evidencia la falta de compromiso del equipo de gobierno con una administración cercana y transparente, sino que supone un paso más en la desarticulación de los canales institucionales de escucha y colaboración con la ciudadanía”, afirma.

En este sentido, alerta de que amortizar este puesto supone, a efectos prácticos, dotar de menos recursos a la participación ciudadana que, dice, es un pilar fundamental de cualquier democracia avanzada. "Amortizar este puesto equivale a dar la espalda a los vecinos y vecinas que exigen ser parte activa de las decisiones que afectan a sus barrios y partidas y a su vida cotidiana", señala.

Por otro lado, la coalición también critica la "falta de planificación y voluntad de diálogo" en la gestión del personal del Ayuntamiento de Alicante, además del "uso discrecional de recursos públicos". Recuerda Copé que las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se siguen haciendo "mediante parches", sin abordar nunca una revisión integral, a pesar de que se anunció que este mismo mes comenzaría esa revisión.

"Llevamos 27 años sin revisar en profundidad la RPT, y el resultado es una estructura obsoleta y desajustada que impide un funcionamiento eficiente de la administración", añade el líder de EU - Podem.

La formación del personal, abandonada desde 2018

Otra de las situaciones más preocupantes es, según Copé, la ausencia total de planificación en la formación del personal municipal. No se aprueba un Plan de Formación desde 2018, y desde entonces todo se hace “a salto de mata”, sin una programación definida, sin balance de resultados y sin participación sindical. "Curiosamente, desde que Barcala es alcalde", señala.

"A día de hoy, más del 80 % de la partida presupuestaria destinada a formación no se ejecuta, no por falta de recursos económicos, sino por falta de personal que la gestione adecuadamente", critica.

Propuesta a las Juntas de Distrito

Por otra parte, ya les contamos que Esquerra Unida - Podem había criticado duramente, por insuficiente, el proceso de participación abierto por el Ayuntamiento para la elaboración del nuevo Plan General. Ante esto, la coalición ha decidido ir un paso más allá y ha enviado a todas las juntas de distrito una propuesta propia para iniciar un "verdadero proceso participativo" al margen del municipal.

La iniciativa incluye un cronograma detallado, que se extiende hasta diciembre de 2025, y que incorpora mecanismos de deliberación vecinal, retorno de propuestas y validación ciudadana para garantizar, dice Copé, "un verdadero proceso participativo en el desarrollo urbanístico de la ciudad".

El portavoz asegura que "el PP ha convertido la participación en una pantomima con una encuesta digital y cuatro charlas aisladas. Y añade que “lo que está en juego es el futuro de la ciudad durante las próximas décadas y no vamos a permitir que se imponga desde un despacho sin contar con los barrios”.

La formación propone un proceso dividido en cinco fases: preparación, información, deliberación, retorno y validación, con talleres, mesas rotativas por distritos, campañas accesibles y un Consejo de Seguimiento con participación vecinal. La propuesta establece que el documento definitivo del PGOU pueda estar listo a inicios de 2026.

Copé cree que las juntas de distrito deben jugar un papel clave en todo este proceso de ordenación urbana, pero también los consejos municipales que, recuerda, "llevan casi dos años sin ser convocados, cuando deberían ser órganos fundamentales de participación sectorial"

"Todo ello con el objetivo de que el documento final del Plan General Estructural no sea solo legal, sino también legítimo: fruto de un verdadero ejercicio de planificación colectiva y no de un trámite impuesto desde arriba", concluye Copé.