La jueza de la DANA rechaza citar como investigada a Bernabé y carga contra el Cecopi: "Parecía una burbuja aislada del mundo exterior"

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja ha rechazado citar a declarar como investigada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el marco de la investigación por la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre.

Competencia autonómica, no estatal

La decisión, notificada este martes a las partes, responde a la solicitud de una acusación popular. En su auto, la instructora argumenta que la normativa aplicable establece que es el Consell el órgano competente en materia de protección civil en la Comunitat Valenciana.

“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, sostiene la juez.

La juez expone que la voluntad, de la acusación, de extender la responsabilidad a todas y cada una de las Administraciones, a cualquier persona que ejerciera funciones en relación con la Dana, con mayor o menor relevancia decisoria o técnica, confluye con las argumentaciones de las representaciones de los investigados Salomé P.T. y Emilio A.T., y produce el efecto de degradar de hecho la gravísima inactividad de la Administración Autonómica valenciana con el resultado mortal antes expuesto, apartándose del nexo causal y la posición de garante atribuible a los investigados.

Resulta evidente, tras ver los listados de llamadas y comunicaciones aportadas por los investigados Salomé P.T. y de Emilio A.T., en qué Administración concurrió una evidente pasividad ante una situación gravísima. En el momento en que se lanzó la alerta a las 20:11 horas, ya se habían producido la práctica totalidad de los fallecimientos. Los cruces de llamadas, en los momentos en que fueron atendidas, no llevaron desgraciadamente a que se tomara ninguna decisión en el ámbito autonómico para salvar a la población.

Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas de la AEMET, a las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de correos o a través del SAIH, a los medios de comunicación, se afirma que no habían pantallas en la sala del Cecopi. Un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal, y en el que eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración Autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos.

Una sala de reuniones del Cecopi en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, sin posibilidad de abandonar la sala y en el que el tiempo transcurría lentamente, demorándose la toma de decisiones, mientras el agua y el barro se desbordaba de los barrancos y de los cauces de los ríos, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral de la sala. Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en la que, quienes entraban, perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación: “los barrancos están a punto de colapsar”, escribió en un mensaje el investigado Sr. Emilio A.T. antes de entrar en el Cecopi a las 14:44 horas. La alarma se lanzaba a las 20:11 horas

Rechaza el acceso a las grabaciones de acceso al Cecopi

Además, la instructora ha dictado otros dos autos este martes. En uno de ellos rechaza la petición de otra acusación popular para obtener las grabaciones de matrículas y vehículos que accedieron al Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16:30 y las 23:59 horas del día de la DANA. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias abiertas en otros juzgados que se han inhibido a favor del de Catarroja en una pieza separada.

El juzgado también ha notificado una providencia en la que se informa de la recepción de un atestado de la Guardia Civil relativo al fallecimiento de dos agentes en el cuartel de Paiporta durante la catástrofe. En el mismo documento se recoge la renuncia de una de las representaciones legales que ejercía la acusación particular en nombre de familiares de 64 de las víctimas.

Nuevas diligencias: informes psicológicos y vídeos de afectados

La providencia incorpora, además, nuevas diligencias: la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psicológicas y daños morales en familiares de las víctimas.

Hasta la fecha, el Juzgado de Catarroja ha tomado declaración a unas 250 personas, en su mayoría familiares de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida en la catástrofe. En la causa están personadas unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y el resto, la acusación particular.

La vigilancia del Poyo

Además, la jueza ha dictado una providencia por la que cita a declarar a once testigos, siete de ellos personal funcionario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), dependiente de la Generalitat y otros cuatro trabajadores de la plataforma tecnológica del 112.

Así consta en la resolución que ha sido dictada y notificada este martes a las partes y en la que, además, tras el informe remitido por el director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, le reclama de nuevo para que en el plazo de cinco días informe sobre si los recursos puestos a disposición para la vigilancia del barranco del Poyo el 29 de octubre "fueron utilizados y en qué momento cesó la utilización de dichos efectivos".

De la AVSRE, la magistrada ha citado a la operadora de Comunicación de Emergencias; la coordinadora de recursos y Protección Civil, dos técnicos, y los jefes del servicio de Planificación, Extinción Forestales y de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Emergencias, así como a otros cuatro trabajadores del 112 Comunitat Valenciana, entre ellos, el coordinador de la Unidad Técnica de Comunicaciones.

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