Piden la imputación del subdirector general de emergencias de la Generalitat por omitir y manipular datos para desviar al Estado las responsabilidades por la DANA

Valencia

Según el informe elaborado por FETAP-CGT y presentado a la jueza de Catarroja concluye que el documento aportado al juzgado por la Generalitat y firmado por el subdirector general contiene omisiones, errores y manipulaciones destinadas a "falsear la interpretación del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, minimizando la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en los trágicos acontecimientos ocurridos en la Rambla del Poyo el 29 de octubre de 2024".

Entre las irregularidades detectadas destaca el sindicato la eliminación de las funciones críticas que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el Director del Plan tenían asignadas en el Plan Especial, como la coordinación de actuaciones y la obligación de activar los mecanismos de emergencia en el momento oportuno; también la ocultación deliberada de la obligación del CCE de transmitir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a AEMET, no limitándose a la recepción pasiva de datos, sino asumiendo un papel activo de recopilación y comunicación de información crítica; la confusión interesada entre las fases de preemergencia y emergencia, desdibujando las obligaciones de actuación de la Generalitat desde las primeras señales de riesgo y diluyendo así su falta de respuesta temprana.

En el informe se destaca también "la omisión de la figura de los directores del Plan Especial, Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas Ten, cuya intervención era determinante para declarar la emergencia, coordinar recursos y establecer Puestos de Mando Avanzados (PMA), que no fueron activados en los momentos más críticos".

Asimismo destaca "el intento claro de trasladar la responsabilidad de la gestión de la emergencia a los Ayuntamientos y a la Administración General del Estado, presentando los Planes de Actuación Municipal (PAM) como única herramienta de respuesta, cuando la obligación principal de dirección y coordinación recaía sobre la Generalitat Valenciana".

Así, según FETAP-CGT, la falta de constitución de Puestos de Mando Avanzados, la escasez de rondas informativas y los avisos confusos enviados a los municipios, pudieron agravar los daños materiales y poner en grave riesgo la vida de cientos de personas.

Minimizar la responsabilidad de la Generalitat

A todo eso, denuncia el sindicato, "se suma ahora, en sede judicial, la estrategia de manipulación en el informe presentado por el Subdirector General de Emergencias, que pretende minimizar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en aquellos acontecimientos".

Recuerda FETAP-CGT que, "a las 12:25 horas del 29 de octubre de 2024, ya se hubiera declarado oficialmente la Emergencia Situación 0 en la Rambla del Poyo, sin que se realizara el seguimiento y las actuaciones específicas que exigía el propio Plan Especial de Inundaciones, incumpliendo así las obligaciones fundamentales de protección civil".

Por todo ello, FETAP-CGT ha solicitado a la Jueza que valore el posible cambio de condición de Jorge Suárez Torres de testigo a investigado, "al considerar que su actuación, u omisión de funciones, podría derivar en responsabilidades penales.

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