El Ayuntamiento de Dénia estudia acciones legales tras la retirada de la delegación para construir la segunda residencia pública

Dénia

El Ayuntamiento de Dénia estudia emprender acciones legales después de que la Conselleria de Servicios Sociales haya retirado oficialmente la delegación para construir la segunda residencia pública de la ciudad. Se trata de un proyecto incluido en el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales de la Generalitat y financiado con más de nueve millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Desde el consistorio denuncian que la decisión del gobierno autonómico llega tras meses de demoras en la tramitación por parte de la administración autonómica. Aseguran que, aunque la oficina técnica de la Conselleria tenía listo el visado del proyecto en su versión más reciente —adaptado a una ejecución por fases—, nunca llegó la autorización definitiva.

El Ayuntamiento había presentado alegaciones el pasado mes de marzo, aportando un nuevo cronograma que permitía cumplir con los plazos fijados por Europa. El objetivo era que las obras finalizaran en el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, la Conselleria ha rechazado estas propuestas y ha revocado la competencia delegada.

El gobierno local sostiene que el aumento del presupuesto inicial responde tanto a la subida generalizada de precios como a los nuevos requisitos técnicos del Decreto 80/2023, que refuerza las condiciones de seguridad en las residencias tras la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, explican, la Generalitat se ha negado a asumir ese incremento ni a aceptar la propuesta de ejecución por fases, que habría permitido abrir, al menos, un centro de día.

El Ayuntamiento advierte además del riesgo de perder los fondos europeos si no se ejecuta el proyecto, y reclama a la administración autonómica que aclare qué destino dará ahora a esos nueve millones de euros. También pide explicaciones sobre cómo se garantizará en el futuro la atención pública a las personas mayores en Dénia, una competencia que actualmente asume en solitario el consistorio a través de la Residencia Santa Llúcia.

Desde el gobierno municipal acusan al ejecutivo de Carlos Mazón de haber frenado deliberadamente esta infraestructura social, y advierten de que no permitirán que se dé paso a una posible privatización de los terrenos ni a un modelo de gestión que consideran “insostenible y superado”.