La CVONGD teme un recorte en cooperación internacional sin precedentes desde hace 10 años

València

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que engloba a 108 organizaciones, denuncia el carácter racista, excluyente e inhumano que puede adquirir el presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 2025, de aceptarse las enmiendas propuestas por la extrema derecha. Por ello, pide una vez más al Partido Popular, como partido de gobierno, que no abra la puerta a "postulados que vayan en contra de los derechos humanos y de los principios de la sociedad valenciana, una ciudadanía que ha demostrado con creces su solidaridad en múltiples ocasiones".

El presidente de la CVONGD, Enrique Asensi, ha visitado el programa "Hoy por Hoy Valencia" en los estudios de Radio Valencia Cadena SER para hablar de la preocupación en torno a esta reducción, pues afecta de manera directa a personas en situación de vulnerabilidad. Y es que, si se lleva adelante este recorte en cooperación internacional valenciana, sería el más elevado de los últimos 10 años, pues según denuncia el presidente Enrique Asensi, el año pasado la cooperación valenciana contaba con el presupuesto en cooperación valenciana más elevado de toda España con 73 millones de euros, y la reducción que ahora se plantea reduciría en más de 20 millones de euros este presupuesto, lo que afectaría directamente a las personas beneficiarias que viven en países y en situación de vulnerabilidad. Desde la CVONGD destacan que las personas son lo primero y detrás de cada recorte hay afectadas vidas de personas humanas de manera directa.

Frente a ello, las ONGD valencianas recuerdan que acoger a las personas que huyen de conflictos y persecución es una obligación legal de todos los países, y la movilidad de las personas en busca de una vida mejor, huyendo de la pobreza, es un derecho y no podemos poner trabas a la migración. Como apunta Asensi, “todas las personas tenemos derecho a una oportunidad para nosotras y nuestras familias, y debemos tratar a quienes buscan mejorar su vida en España igual que nos gustaría que trataran a nuestros jóvenes que tienen que irse de nuestro país para buscar oportunidades laborales dignas”. Además, Asensi ha querido destacar la gran labor que ha hecho en la DANA el colectivo de personas en situación administrativa irregular que estaban ayudando.

Si estos recortes se llevan a cabo, se estarán alimentando políticas que van a suponer un retroceso en la lucha contra cuestiones tan graves como la pobreza, las desigualdades, la violencia machista y la emergencia climática, entre otras muchas crisis globales, advierte Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD. Con ello se refiere a todas aquellas propuestas con un enfoque claramente racista y xenófobo, vinculando las políticas públicas de cooperación internacional y acción humanitaria con el control de los flujos migratorios.

A nivel de cuantías, el recorte presupuestario a las políticas públicas de cooperación supone un 30% respecto al año anterior, esto es, 22 millones que dejarán de invertirse en apoyar a las personas que viven en crisis permanentes de pobreza, conflictos y catástrofes. Como destaca Asensi, “este supondría el mayor recorte en los fondos destinados a cooperación de los últimos 10 años y el progresivo desmantelamiento de un sector ya de por sí mermado, que no ha dudado en aportar todos sus conocimientos y recursos en la respuesta a la DANA, incluyendo la inversión de más de 150 millones de euros de recursos propios en atender a las personas afectadas”.

Cabe recordar que el presupuesto actual destinado a cooperación internacional representa únicamente el 0,2% sobre el presupuesto total de la Generalitat Valenciana, un porcentaje lejos de los compromisos adquiridos por el Partido Popular en el período electoral. Así lo recogieron en su programa electoral, con diez medidas concretas de apoyo a la cooperación, y en la firma del Acuerdo por la Cooperación Internacional que firmaron todos los partidos políticos -a excepción de Vox- y en el que se comprometían a acabar la legislatura en 2027 con una inversión del 0,4%, de manera que se avance en el camino hacia el 0,7%, como figura en la legislación valenciana y estatal.

Las entidades valencianas denuncian también la ilegalidad de aquellas enmiendas vinculadas con la inclusión de las empresas como beneficiarias de los fondos para cooperación. De acuerdo con la Ley Valenciana de Cooperación, quienes pueden recibir subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo necesariamente han de carecer de ánimo de lucro, por lo que la aceptación de estas propuestas supondría incurrir en una ilegalidad en beneficio de la privatización de la lucha contra la pobreza y la defensa de los derechos de las personas.

Además, ponen el foco también en aquellas propuestas para desviar fondos hacia ayudas a otros colectivos dentro del territorio valenciano, lejos de los países empobrecidos donde actúan las ONG de cooperación internacional y acción humanitaria. Como apunta Enrique Asensi, “esto no hace más que contribuir al desmantelamiento de la cooperación como política pública y a la desarticulación de un sector clave en la mejora de las condiciones de vida de miles de personas en todo el planeta”.

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