Sentencia condenatoria al ex alcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza por corrupción en el caso de la clínica Gran Alacant en Santa Pola

La Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha dictado sentencia condenatoria en el caso de la clínica Gran Alacant de santa Pola, relacionado con prácticas ilícitas durante la gestión municipal del que fuera alcalde Miguel Zaragoza.

El exalcalde ha sido condenado a seis años y medio de prisión por prevaricación y cohecho. La audiencia considera que favoreció a militantes del Partido Popular y a su propia hermana con contratos laborales en esta clínica.

El tribunal encontró probado que Zaragoza condicionó el uso gratuito de instalaciones municipales a la contratación de personal por parte de la clínica, además de eximirlos del pago del canon correspondiente.

Junto al exalcalde, también se condena al exconcejal Jorge Perelló y dos médicos de la clínica, quienes deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Pola con 109,371 euros, correspondientes al canon dejado de percibir por el alquiler de las instalaciones.

Pilar Zaragoza, hermana del exalcalde y pareja del concejal, también ha sido condenada a dos años y tres meses como cómplice de cohecho. La clínica Gran Alacant fue sancionada con cuatro años de inhabilitación para recibir subvenciones o beneficios fiscales. Han resarcido ya parte de la deuda.

El caso, iniciado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción debido al desistimiento del Ayuntamiento de ejercer acusación, culmina más de un año después de la conclusión del juicio. Los hechos ocurrieron hace más de 20 años durante el mandato como alcalde de Miguel Zaragoza.

La Sala considera acreditado que los responsables políticos actuaron “de consuno” con los responsables de la clínica y se aprovecharon de su “posición como dirigentes del Ayuntamiento para obtener provecho” de la misma mediante la contratación de personas afines.

Entre esas personas figuraba una hermana del entonces alcalde y pareja a su vez del concejal condenado, quien dejó de acudir sin causa justificada a su puesto de trabajo “consciente de que ninguna consecuencia negativa sufriría por ello” y a la que la empresa siguió pagando su salario íntegro “a cambio de que no se les exigiera el cumplimiento de las restantes obligaciones contractuales”, recoge la resolución judicial.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, condena también como persona jurídica a Clínica Gran Alacant SL por delito continuado de cohecho a una inhabilitación para obtener ayudas y subvenciones, contratos en el sector público o beneficios fiscales o de Seguridad Social.