El Consell recurre ante el Constitucional el decreto sobre el reparto de menores migrantes no acompañados

València

El gobierno valenciano lleva finalmente al Tribunal Constitucional el decreto ley del Gobierno de España sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. Lo ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, este martes, en el último día en que las autonomías tienen de plazo para comunicar la cifra de menores migrantes no acompañados que atienden en sus territorios actualmente.

El Consell argumenta que estamos ante una medida que invade competencias autonómicas y que no cuenta con financiación. Además, viene impuesta sin justificar, es literal, la urgente necesidad.

Además, este martes, en la Comisión de Economía de les Corts ha comenzado el debate y votación de las enmiendas presentadas por los grupos a los presupuestos de este año, y PP y Vox han pactado una serie de modificaciones para recortar algunas partidas económicas en cooperación e inmigración entre otros apartados.

Vox retira una de las enmiendas

Vox ha retirado una de las enmiendas a la ley de presupuestos en la que proponía que la Academia valenciana de la Llengua tuviera que tener la autorización de la Conselleria de Hacienda, en concreto de la dirección general de presupuestos, para realizar cualquier modificación presupuestaria, una propuesta que vulneraba el estatuto de Autonomia y la propia ley de la Acadèmia. Pero sí que mantiene sus otras propuestas para reducir los fondos destinados por el Consell a la institución normativa del valenciano. El PP dice que la retirada de la enmienda es fruto de la negociación con Vox porque respeta la autonomía de la Academia

Algunas de las enmiendas pactadas y que saldrán adelante, como por ejemplo, los sindicatos dejarán de recibir 36.000 euros; el plan Conviure de servicios sociales puesto en marcha por el Botànic se reduce en 250.000 euros que se destinarán a las víctimas de okupación, o se quitan casi dos millones "para la atención inmediata de necesidades humanitarias de emergencia a través del Comité Permanente de Ayuda Humanitaria" y lo destinan a familias (300.000 euros) y a pobreza estructural sobrevenida (1,6 millones). Además, se recortan casi 15 millones a la cooperación internacional al desarrollo, 14,7 millones menos, que destinan, entre otros, a mujeres embarazadas vulnerables (2 millones) y a frenar la llegada de inmigrantes jóvenes mediante oportunidades laborales en sus países que recibirá cinco millones y medio de euros.

Sustitución de expresiones

No solo es dinero, en las enmiendas pactadas se sustituye la expresión "violencia de género" para la de "violencia sobre la mujer". También se suprime "que las acciones formativas tengan perspectiva de género", o se cambia la palabra "espacio inclusivos" por la expresión "accesibles para todos". Además, se suprime en varios artículos expresiones como "la mitigación del cambio climático" o que se deba dar impulso a los objetivos de desarrollo sostenible.

La oposición clama

Unas cesiones que, según el socialista José Diaz, evidencian que estas cuentas no son más que el precio que Mazón paga por mantenerse en la Generalitat.

Se incrementa el gasto social

Por su parte, el popular Fernando pastor, sin entrar en esas cuestiones de fondo, reitera que se incrementa el gasto social que supone el 81,5% del presupuesto, que aumenta las bonificaciones fiscales, acaba con el infierno fiscal del Botànic y hace suyo que el Gobierno central nos margina.

Pastor recuerda que sigue sin cambiarse el sistema de financiación, ni se recibe el FLA del gobierno y destaca, una vez más, que el gobierno de Mazón sí que puede presumir de presupuestos, no como Pedro Sánchez, que lleva tres años prorrogando las cuentas.

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