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FETAP-CGT presenta al juzgado un informe con 357 "fallos críticos" en la gestión de la DANA

La cifra se basa en un análisis elaborado por personal técnico de la organización, a partir de documentación oficial, cronogramas, avisos institucionales y registros del 112

Dos personas salen de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque (EFE)

Dos personas salen de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Manuel Bruque

Valencia

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT que ejerce como acusación popular ha presentado ante el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Catarroja un informe técnico en el que se recogen 357 incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones durante la DANA del 29 de octubre de 2024.

Esta cifra se basa en un análisis elaborado por personal técnico de la organización, a partir de documentación oficial, cronogramas, avisos institucionales y registros del 112.

Los principales fallos que denuncia el sindicato son: La no constitución de CECOPAL. Explica FETAP-CGT que solo se constituyeron 2 (València y Algemesí) de los 129 previstos en la provincia de Valencia. Eso supone 127 infracciones, al no haberse activado ni requerido su activación por parte del Director del Plan

También denuncia falta de seguimiento de alertas y comunicaciones desde el 112. Cita un total de 145 llamadas al 112 relacionadas con el Barranco del Poyo no gestionadas adecuadamente, en zonas que ni siquiera estaban clasificadas como de alto riesgo.

Según esta acusación hay, además, 35 puntos fijos de medición no monitorizados. No hubo seguimiento operativo en hasta 41 carreteras con incidencias y cita el caso de la A3 en Chiva. Con todo lo anterior la suma de incumplimientos alcanza los 221.

Despliegue operativo deficiente

Según FETAP-CGT tampoco se movilizaron las 26 unidades de bomberos forestales de la provincia ni los 4 helicópteros y drones disponibles. La UME fue desmovilizada erróneamente a las 15:00 h, y hubo que emitir una nueva comunicación posterior.

El CECOPI, a juicio de esta acusación, se activó tarde y el Director del Plan, el investigado Emilio Argüeso, no llegó al Centro de Coordinación de Emergencias hasta las 14:45 h, y el CECOPI no fue convocado hasta las 15:15 h

Tampoco se activaron los Puestos de Mando Avanzado (PMA) en la Ribera Alta ni Utiel-Requena pese a estar en situación 1 o 2. Esto impidió que recursos como la UME llegaran directamente al terreno afectado

Alertas meteorológicas imprecisas y tardías

A las 14:15 h se envió un SMS a Utiel-Requena que solo recomendaba activar planes, sin requerimiento formal, y 30 minutos después ya estaban en situación 2.

Se incumplieron las obligaciones del Plan de Emergencia Interno (PEI)al no emitir instrucciones claras a los alcaldes para activar planes locales.

El sindicato documenta otros errores como la falta de coordinación con la subdelegación del Gobierno y la ausencia de medidas preventivas en municipios aguas abajo de cuencas críticas.

Conclusiones 'contundentes'

Según detalla el sindicato, este informe, que señala que está ya incorporado al procedimiento judicial en curso, "se basa en el análisis detallado de documentación oficial, cronologías operativas, registros meteorológicos y avisos institucionales".

A su juicio, estas conclusiones son "contundentes" porque reflejan que la respuesta institucional "no solo fue tardía y descoordinada, sino que incumplió de forma sistemática las obligaciones establecidas en el propio Plan de Emergencias". Desde FETAP-CGT se considera que estos hechos constituyen "una grave quiebra de los deberes públicos de anticipación, coordinación y protección civil", y que la "inacción institucional agravó las consecuencias humanas, materiales y ambientales de una catástrofe que pudo haber sido gestionada con mayor eficacia".

FETAP-CGT ha recalcado su "compromiso con la defensa de los servicios públicos, el cumplimiento de la legalidad y la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de esta catástrofe", que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia y daños multimillonarios. Por ello, ha subrayado que seguirá personada como acusación en la causa penal "en defensa del interés general, del valor social de lo público y de una gestión de emergencias que responda con responsabilidad, eficacia y transparencia".

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