Los vecinos del Casco Antiguo de Villajoyosa denuncian la proliferación de cajetines en las viviendas turísticas

La Vila Joiosa

Las viviendas turísticas ilegales y los cajetines con llaves para entrar a estos apartamentos, aunque estén reglados, están en el punto de mira de los vecinos del Casco Antiguo de Villajoyosa. Su asociación ha presentado una denuncia por escrito en el Ayuntamiento que, a su vez, recuerda que las competencias son autonómicas.

Los residentes del barrio piden en cualquier caso que se actúe con urgencia frente a la proliferación descontrolada de esos cajetines en la vía pública y en fachadas protegidas del barrio, incluidas en el entorno BIC (Bien de Interés Cultural).

Su secretario, Toni Rubio, ha explicado en La Ventana de la Marina Baixa que el conocido como 'Decreto Montes' en referencia a la anterior consellera de Turismo prohíbe expresamente el uso de estas cajas para entregar llaves de viviendas turísticas y que el Plan Especial del Casco Antiguo también las considera elementos impropios.

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Las fuentes del consistorio vilero consultadas han insistido en que no tienen competencias para regular nada relacionado con las viviendas turísticas; competencias que recaen en la Generalitat al no haberse adherido al convenio, movimiento que sí han hecho otros municipios como Benidorm.

Mientras los vecinos siguen criticando además la oferta ilegal de apartamentos que se anuncian en plataformas online y que no están registrados, reclamando además más inspectores: "Dudamos mucho que se pasen por aquí".

Enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno de España

Al tiempo la consellera de Turismo ha anunciado hoy que recurrirá el Registro Único de estas viviendas del gobierno central, tal y como han hecho otras comunidades como Andalucía, Canarias o Murcia: "Estamos trabajando para un turismo regulado y contra las viviendas ilegales, pero no podemos permitir la injerencia del gobierno invadiendo nuestra autonomía", ha asegurado Marian Cano antes de volver a reivindicar más financiación.

Cano habla de evitar duplicidades y de regular la oferta ilegal desde el ámbito autonómico y el ministro de Consumo Pablo Bustinduy ha pedido directamente al president de la Generalitat, Carlos Mazón, desde Gandía, que "sancione a las empresas responsables de la oferta ilegal, es su competencia y su responsabilidad; no hay excusa para no actuar y el Ministerio de Consumo ya ha hecho su trabajo bloqueando los anuncios".

Por el momento y al margen de las diferencias entre administraciones la realidad es que vecinos como los del centro de La Vila creen que ese control es prácticamente inexistente.