Fiscalía acusa a la edil De España de prevaricación urbanística por las obras del Centro de Inteligencia del Agua

Alicante

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio contra la concejala de Empleo del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, por un presunto delito de prevaricación urbanística. El Ministerio Público considera que la edil, en connivencia con el director gerente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (ALDES), Manuel Juan Amorós, impulsó y autorizó "de forma consciente" un proyecto ilegal para crear el conocido como Centro de Inteligencia del Agua. Un proyecto ubicado en el edificio municipal de la calle Italia 21, junto a la plaza Séneca, cuyo uso urbanístico era exclusivamente docente.

Según el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante y al que ha tenido acceso esta emisora, De España y Amorós "soslayaron deliberadamente" un informe técnico del Ayuntamiento que, en noviembre de 2022, advirtió de la incompatibilidad urbanística del proyecto. Pese a ello, reactivaron el expediente, firmaron un convenio con la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante y adjudicaron las obras "sin contar con licencia ni proyecto aprobado".

Las obras comenzaron en abril de 2023 de forma irregular y, solo tres meses después, se intentó regularizar la situación con un acta de replanteo, que, según Fiscalía, tampoco cumplía los requisitos legales. El fiscal afirma que la actuación de De España no fue un error administrativo, sino una decisión "arbitraria, injusta y dolosa" para favorecer una voluntad política predeterminada.

Por ello, el Ministerio Público solicita al juzgado la continuación del proceso por el trámite de procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. Por el contrario, pide el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros siete investigados, al no apreciar indicios suficientes de delito en sus actuaciones. Entre ellos, el concejal de Urbanismo del bipartito durante el pasado mandato, Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos.

Antecendentes

En caso de que el juzgado acepte la petición de la Fiscalía, podría convertirse en un grave varapalo judicial para el equipo de gobierno de Barcala. Recordamos que fue el Grupo Municipal Socialista quien alertó en 2023 sobre las posibles irregularidades urbanísticas y pidió la paralización de las obras iniciadas en la pasada legislatura.

Sin embargo, el PP siempre defendió la legalidad de la actuación, por lo que los socialistas trasladaron a la Fiscalía un año después, en septiembre de 2024, la modificación, a posteriori, del uso de la parcela por parte del equipo de gobierno para poder acoger el Centro de Inteligencia del Agua.