El Congreso analiza mañana la propuesta del Grupo Popular para controlar el consumo de alcohol y drogas por los conductores profesionales

El pleno del Congreso de los Diputados someterá esta semana a debate de toma en consideración la proposición de Ley del Grupo Popular relativa a incrementar las medidas de prevención en el consumo de alcohol y drogas por los conductores, en especial por conductores profesionales de vehículos de transporte de pasajeros y mercancías.

La iniciativa que parte de la recogida de firmas y reuniones mantenidas especialmente por la concejala ilicitana María Bonmatí propone modificar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que se establezca, en el caso de los conductores profesionales en activo, la exigencia de someterse anualmente a un reconocimiento médico en el que se realizarán las pruebas clínicas específicas para detectar el consumo de alcohol y, especialmente, de drogas.

María Bonmatí perdió a su marido, Sergio Rodríguez, en un accidente de circulación al colisionar contra su vehículo frontalmente una furgoneta cuyo conductor dio positivo en drogas.

El objeto principal de la reforma normativa, según consta en la propuesta, es el de "concienciar a los conductores profesionales de la enorme peligrosidad que comporta el consumo de alcohol y drogas antes o durante su actividad laboral".

El texto incluye una reforma del artículo 61 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, para que se establezca “la exigencia de someterse anualmente a un reconocimiento médico” para la detección del consumo de alcohol y drogas.

Además, se plantea una modificación del artículo 71.1 de la misma ley, para introducir la exigencia de “constatar que el conductor profesional reúne las condiciones físicas necesarias para volver a su actividad”, en el caso de retirada de carnet.

Además, el PP plantea que los cursos de recuperación de puntos y formación para conductores profesionales incluyan de forma destacada contenidos sobre los peligros de conducir bajo el efecto de estas sustancias.

Por otro lado, se insta a la Dirección General de Tráfico (DGT) a realizar campañas regulares de sensibilización, y se propone que las administraciones públicas desarrollen programas de rehabilitación dirigidos a conductores sancionados, con el objetivo de facilitar su reinserción laboral.

La propuesta incluye también una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de permitir a las empresas del sector realizar controles médicos aleatorios para verificar que sus empleados estén en condiciones óptimas de salud y libres de consumo de sustancias.

Finalmente, el PP solicita que el Reglamento General de Conductores se adapte para incluir la obligatoriedad del reconocimiento médico anual, incorporando pruebas clínicas pactadas en el marco de la negociación colectiva del sector.