María y Manuela, a punto del desahucio en Alicante: "Llaman ellos para boicotear la compra y luego los bancos no quieren dar la hipoteca"
Sindicat de Barri Carolines cifra en cientos las familias afectadas en Alicante por fondos buitre
David Yáñez y Llorens Saval, activistas del Sindicat de Barri Carolinas, y Manuela Correa y María Ustariz, amenazadas con el desahucio por fondos buitre, en Hoy por Hoy Alicante
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Alicante
El Sindicat de Barri Carolinas denuncia que son ya 25 las familias amenazadas con el desahucio por el fondo buitre Promontoria Coliseum Real Estate S.L., creado entre el fondo de inversión Cerberus y el Banco Sabadell, y contra el que llevan años luchando.
En Hoy por Hoy Alicante, activistas y afectadas han explicado cómo bajo distintas formas de amenaza de la promotora, ésta se ha quedado con las viviendas y ahora las quiere poner en el mercado y no renovar el alquiler.
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Dos de las vecinas que han sufrido directamente esta situación son María Ustariz y Manuela Correa.
María, con tres niños pequeños, perdió su trabajo en 2019 y ya no pudo pagar su piso. Manuela, con una pensión de 800 euros, en emergencia habitacional, que vive con su nieto con un 60% de discapacidad reconocida. En el caso de Ustáriz, consiguió incluso que un familiar recomprase su vivienda, con el fin de luego alquilársela, pero fue el propio Sabadell, dice, el que boicoteó dicha compra, y se ha quedado con los alrededor de 7.000 euros de las arras.
"Un negocio redondo"
No es el único caso de este tipo. En Alicante hay cientos de familias en una situación similar por este tipo de fondos buitre.
David Yáñez y Llorens Saval, miembros de Sindicat, han explicado cómo se lleva a cabo este tipo de apropiación de un bien público y además consiguen redoblar su valor. "Es un fondo extranjero que espera a que los contratos se acaben para negarse luego en rotundo a negociar cualquier alquiler. Se valen del chantaje e intimidación". Y si al final las viviendas se venden, delegan en esos compradores la desokupación de esas familias, añade Saval.
"Es un negocio redondo", lamenta.
Recuerdan los activistas del Sindicat que son casas destinadas a gente humilde y que roza la vulnerabilidad, cuyas dificultades no son pocas.
La alternativa habitacional, insisten, no existe. "La vivienda es un bien básico, que genera salud y no un bien para especular", pero las administraciones no se implican.
