India, embarazada y con un bebé de 7 meses, desahuciada por EVHA en las "mil viviendas" de Alicante y sin alternativa

Alicante

En torno a las nueve de la mañana India Santiago, embarazada, junto con su pareja y su bebé de siete meses, eran desalojados de su piso de la Avenida Pintor Gastón Castelló en las conocidas como "Mil Viviendas".

Se trata de una pareja de veinteañeros, con una niña de siete meses y otro bebé en camino, que residían en este piso con un familiar beneficiario del alquiler social.

Este falleció sin registrar a India como residente, explica ella, y hoy les han echado de casa sin contemplaciones.

Lo llamativo de su caso es que esta vez no es un banco ni un fondo buitre los que abocan al desahucio, sino la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), dependiente de la Generalitat, lamenta Cristian, miembro del Sindicat de Barri Carolines.

Conselleria argumenta que la vivienda había sido ocupada ilegalmente por un familiar de los afectados

Fuentes de la Conselleria de Vivienda justifican el desalojo por ocupación ilegal de este piso, explican, en el año 2023, motivo por el que no se puede subrogar.

Y es que esta pareja convivía, han señalado, con un familiar ahora fallecido, pero que no era el titular de la vivienda, sino que "la había ocupado de manera ilegal previamente". De hecho, han asegurado que durante el desalojo el adjudicatario real de la vivienda se ha identificado ante la Policía Nacional.

Las mismas fuentes añaden que antes de proceder al desalojo han constatado que la pareja cuenta con "una red de apoyo familiar". Para el EVHA, esa red de apoyo es que los padres del joven cuentan con una vivienda pública adjudicada, así como la abuela de India. No han entrado estas fuentes a valorar la situación actual de la pareja con un bebé y otro en camino.

Según el EVHA, la pareja no está en el registro de demandantes de vivienda y no consta informe de vulnerabilidad y urgencia que emite el Ayuntamiento de Alicante.

Reacciones políticas: cada vez más menores afectados

Las reacciones a este desahucio por parte de PSOE, Compromís y EU-Podem, promovido por la Generalitat no se han hecho esperar.

Denuncian la falta de vivienda pública para asistir a los ciudadanos que lo necesitan por parte de la administración autonómica y también local.

La lista de alicantinas y alicantinos que esperan una vivienda social del Ayuntamiento es de más de 600 peticionarios y, alertan, cada vez son más los menores afectados.

Los desahucios se multiplican y mientras, el alcalde Luis Barcala "no ha concluido la construcción de ninguna vivienda" pública en sus siete años al frente del Ayuntamiento, mantienen desde el grupo municipal socialista, apunta la edil Silvia Castell.

También, que la inversión en vivienda pública municipal durante el año pasado ha sido de solo 23.563 euros el año pasado, ya que el 98 % de la inversión ejecutada en 2024 del Patronato de la Vivienda se ha destinado, exclusivamente, a las obras del Centro 14, según el informe de Intervención.

Por su parte, Esquerra Unida Podem destaca además que la gravedad de estas situaciones se amplía por la falta de respuesta "eficaz" por parte del EHVA, institución pública que "debería proteger precisamente", dice el portavoz Manolo Copé, a las familias en situación de vulnerabilidad.

Van a exigir un protocolo claro en Alicante que impida desahucios de familias con menores y sin alternativa, el refuerzo del parque público de alquiler social y la cesión inmediata de viviendas vacías al Ayuntamiento para responder a esta emergencia.

Mientras, Compromís ha acudido al Síndic de Greuges. Exige la constitución y puesta en marcha de la Mesa Antidesahucios siguiendo la ley reguladora que asigna competencias a los municipios, dice Rafa Mas, portavoz.