'The Washington Post' pone el ojo en lo ocurrido en la DANA de Valencia e intenta descubrir si fue "un crimen"
El duro reportaje destaca que, a diferencia de otros países donde rara vez se juzga a políticos por desastres naturales, España podría abrir un camino inédito

MASANASA (VALENCIA), 07/11/2024.- Voluntarios barren el lodo de una calle de Masanasa, Valencia. / Ana Escobar (EFE)

València
“Valencia’s flood was a catastrophe. Was it also a crime?”, con esta pregunta directa y provocadora, The Washington Post analiza la tragedia vivida en València el pasado 29 de octubre. El uso del término “crimen” no es casual: el artículo plantea si la gestión política del desastre fue tan deficiente que podría considerarse penalmente responsable.
Firmado por los periodistas Chico Harlan, Michael Robinson Chávez y Roser Toll Pifarré, el reportaje reconstruye minuto a minuto la jornada del desastre. A través de testimonios desgarradores y documentos judiciales, el texto denuncia la tardanza en emitir alertas de emergencia y la falta de preparación institucional.
El artículo destaca que la primera alerta oficial no llegó hasta las 20:11 horas, cuando gran parte de la ciudad ya estaba anegada. Para entonces, muchas víctimas ya habían perdido la vida o estaban atrapadas sin posibilidad de escapar.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra ya investiga a dos altos cargos por homicidio imprudente, y el reportaje del prestigioso diario estadounidense refuerza la idea de que muchas muertes eran evitables.
Comparaciones con el huracán Katrina
El artículo establece un paralelismo con el huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005. A pesar de las graves fallas en la evacuación y la entrega de ayuda, ningún responsable político fue procesado penalmente en Estados Unidos.
Sin embargo, The Washington Post subraya que el caso de València podría ser diferente, ya que la catástrofe era “previsible” y las advertencias meteorológicas fueron claras y tempranas. Esto abre la puerta a una posible rendición de cuentas inédita en Europa.
Mazón y Pradas: decisiones tardías, consecuencias fatales
El artículo señala directamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a su entonces consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas. Según el reportaje, Pradas no tenía experiencia en gestión de emergencias y no convocó una reunión de coordinación hasta las 17:00 horas, pese a las alertas emitidas desde las 8:00 de la mañana. La alerta oficial no se envió hasta las 20:11, cuando muchas zonas ya estaban inundadas.
The Washington Post confirma que Pradas declinó hacer declaraciones, aunque sus abogados ofrecieron una versión en la que responsabilizan a los técnicos y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que también rechazó responder a las preguntas del medio.
La jueza ofrece declarar a Mazón, "algo que él no ha hecho"
Uno de los aspectos más llamativos del artículo es la ausencia de Carlos Mazón en el proceso judicial. Aunque no está imputado, por su condición de presidente autonómico solo puede ser juzgado por un tribunal superior, la jueza le ha ofrecido declarar como testigo, pero el diario plasma literalmene en el artículo que es "algo que el no ha hecho".
Mientras tanto, asociaciones de víctimas lo señalan como el principal responsable político. El día de la tragedia, Mazón mantuvo su agenda pública, participando en actos institucionales y en una comida de tres horas. En una rueda de prensa a las 13:00, llegó a anunciar erróneamente que la tormenta “disminuiría su intensidad” a las 18:00.
Una tragedia que podría marcar un precedente
El reportaje destaca que, a diferencia de otros países donde rara vez se juzga a políticos por desastres naturales, España podría abrir un camino inédito en la rendición de cuentas institucional. La investigación judicial y la presión mediática internacional podrían cambiar la forma en que se gestionan las emergencias climáticas en el futuro.
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