El Levante UD está inmerso desde marzo en un proceso preconcursal para evitar un desastre deportivo y eludir la responsabilidad societaria del Consejo

Valencia

Quico Catalán sacó al Levante de un concurso de acreedores y lo devolvió al juzgado en marzo de 2025. El expresidente granota, exvicepresidente segundo de LaLiga y premiado por Javier Tebas con el cargo de asesor del Plan Impulso (CVC) dejó un volumen de deuda neta imposible de digerir para un club de Segunda división con la dimensión y los recursos de la entidad levantinista.

Según ha podido saber la Cadena SER, el Consejo de Administración presentó el pasado mes de marzo ante el juzgado de Valencia su plan de reestructuración de deuda para proteger el futuro deportivo de un club que competía en Segunda división, los intereses de la sociedad y la responsabilidad patrimonial de los miembros que componen el nuevo órgano administrativo del Levante por las amenazas de OLB Bank de instar el concurso necesario por el impago de su crédito.

El derecho preconcursal ha dulcificado su terminología tras la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal y ahora se denomina ‘plan de reestructuración de deuda’ a lo que antiguamente se conocía como preconcurso o fase previa de negociación al concurso de acreedores. La principal diferencia entre la antigua y la nueva ley radica en “la probabilidad de insolvencia”.

Cuando la situación económica de una empresa hace que sea objetivamente previsible que no pueda cumplir regularmente con las obligaciones de pago que tengan un vencimiento a lo largo de los dos próximos años y haya sido imposible llegar a un acuerdo con tus principales acreedores para poder aplazar esos pagos, la Ley Concursal permite poner en conocimiento del juzgado tu situación financiera y abrir un periodo de negociación con el propósito de encontrar la viabilidad y esquivar el concurso o en su defecto la liquidación.

Negociaciones extrajudiciales sin resultado

El Levante llevaba varios meses de negociaciones extrajudiciales con los tres acreedores que mayor volumen de deuda acumulaban. La banca privada Edmond de Rothschild (EDR) con de 30 millones de euros, OLB Bank con 17 millones y José Danvila (Bizas Capital) con otros 17 millones prestados al club.

El propio consejero delegado del Levante, José Danvila aseguró en la Junta General de accionistas, celebrada el pasado 26 de abril, que el club no podría atender los pagos establecidos y su insolvencia sería manifiesta en Segunda división con una carga financiera superior a los 64 millones de euros.

Ahora, con un cambio de escenario deportivo y sabiendo que jugará en la máxima categoría del futbol español también está obligado a lograr una refinanciación que haga más digerible la devolución de la deuda.

Danvila (Bizas Capital) anunció que no cobraría el 7,5% de intereses de su préstamo para tratar de alentar a los otros dos grandes acreedores (EDR Y OLB) a llegar a un acuerdo con el club e intentar establecer un nuevo calendario de pagos a largo plazo, con una carencia durante los dos primeros años hasta iniciar la devolución del principal e incluso sometiéndose a una quita o a una rebaja parcial de intereses.

Uno de los cambios más destacables de la reforma de la nueva ley es la flexibilidad que introduce en la configuración del perímetro de aplicación del plan de reestructuración, dejando que el deudor y/o los acreedores decidan qué parte del pasivo resultará novado en sus términos y condiciones.

OLB amenazó con instar el concurso necesario

La predisposición de Edmond de Rothschild (EDR) siempre ha sido muy buena, pero con OLB no ha habido opción en el intento de alcanzar un acuerdo. De hecho, el banco alemán envió un primer burofax reclamando el pago tras no atender el vencimiento de diciembre de 2024, coincidiendo con el momento de mayor dificultad de caja porque el club estaba buscando financiación para pagar las nóminas a sus empleados del mes noviembre, diciembre y la extra de Navidad.

La tensión de tesorería y la del propio club era latente porque durante la primera quincena del mes de marzo OLB envió un segundo burofax con la amenaza de presentar una demanda ante el juzgado competente.

Y eso es lo que hizo el Levante, anticiparse, ser reactivo y de forma voluntaria iniciar un procedimiento judicial para evitar que OLB pudiera instar el concurso necesario de acreedores y que hubiera tenido gravísimas consecuencias en el ámbito deportivo, con una nueva amenaza de un posible descenso administrativo y unido a la responsabilidad societaria y patrimonial de los miembros que componen el nuevo Consejo de Administración.

Desde la declaración preconcursal en el mes de marzo, se paralizó cualquier ejecución o demanda que pudiera presentar OLB y se abrió un escenario de negociación forzosa durante 3 meses con la supervisión del juez y que podría prorrogarse otros 3 a solicitud del deudor o de los acreedores que representen más del 50% del pasivo, como es el caso de (EDR y Bizas Capital).

Tres acreedores con tres créditos diferentes ante el juzgado

La reforma de la ley preconcursal prevé la votación por clases de créditos. En el caso de EDR el rango de su crédito es privilegiado al tener garantías hipotecarias de los principales activos del club y en el plan de reestructuración sería el primero en cobrar, el crédito de OLB ha sido tipificado como ordinario y sería el segundo en cobrar su deuda, mientras que el crédito de Bizas Capital es subordinado porque su administrador, José Danvila forma parte del Consejo del Levante y que en este caso es la sociedad deudora.

Esto significa, que Danvila sería el último en recuperar los préstamos que le ha ido concediendo de forma progresiva al club, pero con el aval ante el juez de una gestión responsable, el éxito deportivo después de lograr el ascenso a Primera división y con un plan estratégico que ha presentado medio y largo plazo.

En estos instantes, nos encontramos en ese fase de negociación con una sociedad anónima deportiva que tendrá un mayor volumen de ingresos tras su regreso a la máxima categoría del fútbol español y la voluntad de las partes es cerrar un plan de reestructuración conjunto, con la aceptación de OLB Bank o en caso contrario el banco alemán se tendría que subrogar obligatoriamente, tal y como marca la ley, al acuerdo que se votaría de forma favorable por los acreedores que sumen más de 2/3 del importe del pasivo y que poseen EDR y Danvila.

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