Salvem la Vall denuncia que el PAI de Llíber sigue adelante sin concesión hídrica tras diez meses de bloqueo
La plataforma acusa al Ayuntamiento y a la constructora VAPF de actuar por la vía de los hechos consumados y alerta de posibles daños irreparables al entorno de la Muntanya Llarga
Miles de personas se manifiestan contra del PAI de Llíber en imagen de archivo - COMPROMÍS 'X' - Archivo
Lliber
La plataforma Salvem la Vall ha denunciado que el Ayuntamiento de Llíber y la promotora VAPF continúan con las obras del Plan de Actuación Integrada (PAI) para construir 488 chalets en la Muntanya Llarga, a pesar de que la concesión hídrica que debería garantizar el suministro de agua lleva diez meses paralizada.
Según la entidad, en agosto de 2024 se presentaron más de 800 alegaciones en contra del proyecto, señalando presuntas falsedades en la documentación aportada por el consistorio y las empresas contratadas por la constructora. En un comunicado, Salvem la Vall acusa a ambas partes de “manipular a la baja” las necesidades reales de agua en los informes presentados, lo que, a su juicio, constituye una estrategia para “seguir adelante con la destrucción del paraje natural mediante hechos consumados”.
La plataforma recuerda que el PAI Medina Llíber se aprobó en enero de 2021 sin contar con la preceptiva concesión hídrica. Además, alertan de que persisten “irregularidades” que podrían derivar en la paralización definitiva del plan urbanístico. En las próximas semanas está prevista la publicación de la sentencia correspondiente a una de las causas judiciales abiertas, en la que se solicita la anulación del PAI y se denuncian daños ambientales.
Salvem la Vall también ha adelantado que se estudian nuevas vías legales para frenar el desarrollo urbanístico, y ha advertido que si finalmente se dictan sentencias que invaliden el plan, exigirán que los responsables asuman los costes de regeneración del entorno.
La polémica en torno al urbanismo en Llíber no es nueva. El actual alcalde, José Juan Reus, está siendo juzgado por presunta corrupción urbanística relacionada con la aprobación de 300 viviendas ilegales en su primera etapa de gobierno, hace dos décadas. “Es surrealista que las mismas personas implicadas en aquel escándalo vuelvan ahora a destruir un espacio natural sin agua garantizada”, han lamentado desde la plataforma.
