Carlos Mazón presenta su plan antiocupación que incluye una oficina y formación

Valencia

El plan integral antiocupación de la Generalitat prevé la creación en las próximas semanas de la oficina antiocupación para dar seguridad jurídica a los propietarios víctimas de ocupación pero también de la inquiocupación la que ocurre cuando un inquilino deja de pagar el alquiler. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirma que permitirá aflorar la gran cantidad de casos que no se denuncian y que afectan a pequeños y medianos propetarios.

Es un plan transversal que coordinará la vicepresidenta Susana Camarero por ser la consellera de Vivienda pero que también incluirá a las consellerias de Interior y de Justicia. Una oficina de acompañamiento con un teléfono de atención el 012 en la que se prestará atención en las 37 oficinas de atención a las víctimas del delito y en los 66 centros de Justiprop de las municipios.

Se redactará un protocolo de actuación para las fuerzas y cuerpos de seguridad, y empleados públicos que recibirán formación, al tiempo que habrá coordinación con los administradores de fincas. El 112 también podrá atender denuncias.

El president Carlos Mazón afirma que es un plan que no le hubiera gustado tener que aplicar, pero lo debe hacer por la herencia recibida pues ha acusado al Botànic de no haber hecho nada en ocho años. Asegura el jefe del Consell que, incluso, el parque público de vivienda sufría el problema, ya que el 10% estaba okupado.

Tampoco el Gobierno de España, ha dicho Mazón, ha contribuido a evitar este fenómeno que genera inseguridad jurídica y deteriora la convivencia, más bien todo lo contrario, ha insistido Mazón, la ley de Vivienda que, según el President se debería derogar, ha contribuido a agravar el problema principal de la carencia de viviendas en el mercado. Por eso la Generalitat, ha manifestado, se vé obligada a actuar porque el número de denuncias se ha multiplicado por seis, en toda España son casi 16.500 las presentadas.

En la Comunitat Valenciana, en 2010, se presentaron 277 y en el año 2022 más de 2.000 , aunque reconoce Mazón que en el último año solo han sido 1.800. Pero cree que esta oficina contribuirá a que afloren muchos casos ocultos que no se denuncian. Mazón insiste en que es un problema de pequeños y medianos propietarios.

Mazón ha destacado que más de 300 ayuntamientos se han adherido ya al Plan Vive, ha destacado las rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y ha expuesto que en 2024 se han licitado más de 1.600 viviendas protegidas, con la previsión de que en 2025 se ejecuten 2.000.

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