Aprobadas las bases de las ayudas al alquiler social en València de 2025 y 2026

València

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes la convocatoria plurianual y concesión de ayudas al alquiler para los años 2025-2026 por un importe total de 6 millones de euros. El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha anunciado que el gobierno municipal ha autorizado un gasto plurianual por un importe total de 5.856.746,06 euros, que se desglosa en 2,9 millones para cada ejercicio: 2.928.373,03 euros para la anualidad 2025 y 2.928.373,03 euros para la anualidad 2026.

El acuerdo se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento del periodo 2023-2025, por lo que la reserva de 3 millones para el ejercicio de 2026 queda condicionada a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028. Tal como ha explicado el concejal de Vivienda, Juan Giner, el objetivo de esta convocatoria plurianual es “cubrir un periodo de tiempo más largo que un año, lo que permite mayor estabilidad y planificación en el acceso a las ayudas para los jóvenes y familias que lo solicitan”.

“Esto facilita –ha continuado el edil- la búsqueda y contratación de viviendas, así como una gestión más eficiente de los recursos por parte de la administración, dado que se reducen los trámites y se mejora la eficiencia”. Las ayudas se otorgarán a los alquileres correspondientes al periodo diciembre de 2024 a noviembre de 2026.

Estas ayudas se conceden desde el año 2016 con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia en viviendas del término municipal de València, en régimen de alquiler, a personas físicas y unidades de convivencia, tal como ha señalado Giner.

Apoyo a las personas afectadas por la DANA

El acuerdo de la Junta recoge algunas novedades en la definición de las baremaciones de las personas solicitantes. Entre ellas, destaca la mención expresa que se hace de las personas afectadas por la dana del pasado mes de octubre: Con el fin de favorecer a los ciudadanos y ciudadanas que sufrieron los efectos de la riada, se ha establecido una calificación de 25 puntos extras en la convocatoria “para todas aquellas personas o unidades de convivencia que se vieron obligadas a abandonar sus domicilios como consecuencia de la catástrofe”, ha subrayado Juan Carlos Caballero.

Además, el acuerdo de la Junta subraya la necesidad de revisar también otros aspectos de las ayudas respecto a las convocatorias anteriores, en este caso como consecuencia de la subida de precios que ha experimento el mercado del alquiler en los últimos años, así como de la crisis económica que afecta a buena parte de las familias de la ciudad. En este sentido, las normas que rigen la convocatoria de las ayudas del ejercicio 2025-2026 incrementan el límite de la renta de alquiler establecido para poder solicitar las ayudas, que pasa a 900 euros mensuales para la vivienda (hasta ahora eran 750 euros) y a 450 euros mensuales para la habitación (hasta ahora eran 375 euros).

Asimismo, se eleva el nivel de ingresos máximos de la unidad de convivencia en cuatro veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples, IPREM (anteriormente, 3,5 veces), aunque se contemplan excepciones, como son los casos de familias numerosas de categoría general o personas con grado de discapacidad intelectual o del desarrollo, discapacidad física y sensorial superior al 33% e inferior al 65%. En estos casos, el umbral será 4,5 veces el IPREM.

Y, cuando se trate de familia numerosa categoría especial o persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, discapacidad física y sensorial con grado igual o superior al 65%, el nivel a contabilizar será 5,5 veces el IPREM. De manera paralela, se mantiene que las personas que tengan su domicilio habitual o permanente en la vivienda cuenten con una fuente regular de ingresos para poder pagar el alquiler y acrediten unos ingresos mínimos equivalentes, en conjunto, a 0,5 veces este índice.

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha destacado que el gobierno local ha tenido en cuenta también “las dificultades de acceso a la vivienda de la ciudadanía, especialmente para los jóvenes”, por lo se mantiene en 25 puntos la puntuación obtenida para la persona solicitante que sea joven entre 18 y 34 años. Por su parte, el concejal de Vivienda, Juan Giner, ha explicado que desde la Concejalía se contempla incrementar la dotación presupuestaria mediante un suplemento de crédito de 500.000 euros, que aumentará el importe anterior, y cuya aplicación no requerirá de una nueva convocatoria.

El PSPV reclama que se aumente 1,5 millones las ayudas al alquiler

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Elisa Valía, ha exigido a María José Catalá que aumente 1,5 millones las ayudas al alquiler porque ha denunciado que el gobierno de PP-VOX mantiene congelado el presupuesto, a pesar del incremento del número de demandantes y del encarecimiento del precio de la vivienda en València. Además ha calificado de “engaño” que Catalá incorpore en la misma convocatoria a las personas afectadas por la DANA y ha exigido que cree una convocatoria específica y exclusiva para ellos.

Valía ha denunciado que la lista de espera de solicitantes de vivienda del Ayuntamiento “ha aumentado más de un 50%, alcanzando más de 2.000 personas en el caso de AUMSA, mientras que el precio medio del alquiler ha subido de 1.200 € a 1.750 € mensuales”. “Frente a esta situación de emergencia habitacional, el gobierno de Catalá mantiene congelado el presupuesto de ayudas al alquiler, situándolo por debajo incluso del nivel de 2023, la última convocatoria del anterior gobierno progresista”, ha señalado.

Así, ha concretado que los datos reflejan la “evolución negativa” del esfuerzo de María José Catalá” en ayudas al alquiler ya que mientras que en 2023 el presupuesto fue de 2.963.087 euros; en 2024 lo bajó a 2.871.586 euros y en 2025 el presupuesto se ha situado en 2.928.378 euros, por debajo de los previsto hace dos años a pesar de la crisis de vivienda”.

Por ello, ha cuestionado que “en lugar de aumentar las ayudas en proporción al aumento de la demanda, el gobierno municipal crea un marco de escasez artificial, excluyendo a muchas familias en situación de vulnerabilidad”.

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